APISMA nace como fruto de la ilusión de un grupo de empresarios que querían aunar criterios para conseguir que su sector mejorara, tanto en la calidad del producto como de los sistemas de colocación y los acabados, así como la regularización de la acción comercial, que siempre ha sido cuestión capital en este sector.
APISMA ha venido cumpliendo estos objetivos, así como otros de tipo social, mediante su presencia en la negociación de los convenios colectivos. La Asociación aglutina a numerosos profesionales autónomos que se dedican a la instalación de suelos de madera, pero también marca el referente de las retribuciones del sector.
En todo momento, APISMA ha defendido y potenciado la madera como materia prima ideal para el pavimento; no sólo como elemento constructivo, sino también como valor decorativo, gracias a sus prestaciones inherentes de calidad, confort e imagen del producto.
APISMA ha logrado aunar y compactar el colectivo de colocadores de suelos de madera de la Comunidad de Madrid, regularmente ha propuesto atractivas promociones al mercado y, lo que es muy importante, ha prestigiado el sector, cuidando y preservando la responsabilidad de las empresas instaladoras. Con tal propósito se creó en su día la acreditación profesional de instaladores de parquet; sello de calidad de este servicio, que aún hoy permanece vigente y utilizado por todas las principales empresas del ramo de Madrid.
Pioneros en este sentido, los profesionales de la colocación de pavimentos de madera de esta provincia exigen al fabricante que cumplan escrupulosamente con las normas y exigencias de calidad, mientras ellos se responsabilizan de que su instalación se ejecute correctamente. Todo ello bajo los parámetros de un riguroso «reglamento del instalador responsable».
Intrusismo profesional
«Es esencial que las empresas asociadas demuestren en todo momento su imagen de calidad y responsabilidad, eludiendo la guerra de precios que persigue su competidor -afirma Ángel Ramírez Mon, Presidente de APISMA y también de la Federación Española de Pavimentos de Madera (FEPM)-. Es crucial para que nuestras empresas sigan en el mercado y no se vean afectadas excesivamente por la situación de crisis».
El intrusismo profesional en la instalación de elementos de carpintería de madera en obra nueva y rehabilitación siempre existirá, ya que es relativamente sencillo montar una cuadrilla de obreros que suplanten al auténtico especialista en la colocación de parquet. «La única forma de combatir el intrusismo es ofrecer al cliente unos servicios especializados, responsables y acreditados, un producto de calidad contrastada, bien instalado y con un acabado impecable -insiste el Presidente de APISMA-. Desgraciadamente, cuando un cliente descontento hace una reclamación, no se fija en los fabricantes de parquet o del barniz, sino en las personas que llevaron a cabo la instalación; responsable final de la obra».
Coyuntura difícil
La crisis también ha afectado a APISMA. La Asociación ha registrado numerosas bajas en estos últimos años, principalmente en el segmento de las empresas medianas. Son estructuras de resistencia económica débil. Para ellas afrontar el importe de una obra es difícil, trabajan muy ligados al crédito bancario que hoy, como es sabido, apenas fluye.
La subcontratación ha supuesto otra limitación importante para este colectivo profesional. Las empresas han de subcontratar directamente y la ley obstaculiza la opción de hacerlo por segunda vez a la misma persona. «Esta circunstancia dificulta el futuro del sector -considera Ángel Ramírez Mon-. La legislación sobre subcontratación se da de bofetadas con la que afecta a los autónomos. La primera restringe el desarrollo de la segunda, y la contradicción perjudica especialmente a sectores como el nuestro».
Por otra parte, el convenio de la madera en Madrid, condicionado por el estatal, pactado en condiciones que no son las actuales, ha complicado sobremanera la contratación colectiva y ha generado un grave desequilibrio económico en las empresas, ya que tienen que aplicar incrementos de salarios muy superiores a lo que pueden repercutir en sus precios.
Afortunadamente, el año pasado se aprobó una modificación sobre la ley de morosidad de 2003, donde los plazos de pago no deben ser 120, 150 ó 180 días, sino que han de ser los fijados en la ley, que son para 2011 un total de 85 días, y 60 a partir del 1 de enero de 2013. «Es un logro importante que nos debe animar – concluye el Presidente de APISMA-. Lograr la plena aplicación de esa reforma supone no asumir riesgos excesivos en la contratación de obras, lo que ha supuesto la ruina de muchas empresas del sector de la carpintería de la madera».
En conclusión, limitada la gran construcción por varios años y empeñadas a pesar de todo en subsistir, las empresas madrileñas de instalación de parquet aspiran a cobrar en tiempo y a responder de un trabajo bien hecho. Sólo así será posible contratar mejor, y obtener mayor valor añadido en la rehabilitación.