La Plataforma Española de la Biomasa –BIOPLAT– foro de colaboración público-privada constituido en 2007 y conformado por más de 240 entidades (empresas, organismos públicos de investigación, universidades y centros I+D+i) del sector español de la bioeconomía, se congratula por el texto definitivo acordado para la nueva Directiva de Renovables (RED III, actualización de la RED II vigente) en lo que respecta al ámbito de la sostenibilidad de la biomasa. El texto, acordado por la Presidencia Sueca de la Unión Europea y el Parlamento Europeo a altas horas de la noche del miércoles 29 de marzo, se ha conocido el jueves 30 de marzo tras más de un año de incertidumbre y varios meses de intensas negociaciones en la fase final (trílogos) de la Directiva.
La Directiva Europea vigente actualmente (RED II) aprobada a finales de 2018, cuya transposición se ha llevado a cabo en España hace menos de un año mediante el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa; ya establece unos requerimientos de sostenibilidad muy exigentes a la biomasa para generación de energía, asimilables a los que ya se exigían desde la primera Directiva de Renovables (RED I, publicada en 2009) a los biocarburantes.
Sin embargo, la publicación del paquete europeo Fit for 55 en julio de 2021, cuya ambición es alcanzar un objetivo de reducción de las emisiones de GEI en al menos el 55% (respecto a 1990) que la UE se ha fijado para 2030, estableció que -en consecuencia- resultaba necesario aumentar la ambición de las Directivas Europeas relacionadas, entre ellas la Directiva de Renovables, a pesar de su corto recorrido regulatorio.
En el proceso de actualización de la Directiva, el modelo de negocio de la biomasa en los países norte europeos, donde grandes centrales de carbón de cientos y miles de MW se reconvirtieron a centrales de biomasa tras las restricciones políticas al uso del carbón, ha condicionado en gran medida la posición del Parlamento Europeo, que optaba por limitar drásticamente el consumo de biomasa forestal en la RED III mediante el establecimiento de una definición de ‘biomasa leñosa primaria’ que prácticamente englobaba toda la biomasa forestal excepto la generada por las industrias forestales (que es un tipo de biomasa que generalmente se autoconsume en dichas industrias y no llega al mercado). Todo ello con el objetivo de establecer que no se pudiera valorizar energéticamente, ni retribuir o beneficiarse de medidas de apoyo esta denominada ‘biomasa leñosa primaria’.
Para España, el establecimiento de esta definición en la RED III hubiera impactado de forma muy negativa, no solo en el sector de la biomasa, sino en los montes y en el sector forestal, con derivadas muy arriesgadas sobre los incendios forestales. Situación que fue analizada en el Manifiesto Científico promovido por BIOPLAT y firmado por más de un centenar de científicos y académicos españoles, que se remitió a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a finales de 2022.
ACUERDO ALCANZADO: TEXTO FINAL DE LA NUEVA DIRECTIVA DE RENOVABLES (RED III)
Si bien el modelo de negocio de la bioenergía en España difiere sustancialmente del de los países del norte de Europa, pues en nuestro país la cadena de suministro de la biomasa está muy diseminada en los territorios, es local y de proximidad, con garantía de sostenibilidad al contar con una extensa y consolidada regulación forestal; todos los Estados miembro deben transponer a su ordenamiento jurídico nacional lo establecido en la Directiva, independientemente del grado de desarrollo de su sector y mercado de biomasa. Por lo que resulta tremendamente relevante lo que ahí se establezca.
El texto final acordado endurece aún más los criterios de sostenibilidad y los hace extensivos a más centrales (todas aquellas cuya capacidad supere 7,5 MWt), limita la retribución a la generación eléctrica a partir de biomasa forestal si no es en casos excepcionales (como en zonas de transición justa, con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono asociadas o en regiones ultraperiféricas como las islas) y regula aspectos como el uso en cascada de la biomasa. Sin embargo, no ha incluido la definición de ‘biomasa forestal primaria’ que, en el caso de España, hubiera supuesto unas disfunciones tremendas al limitar la extracción de la biomasa de los montes para usos energéticos. Biomasa forestal cuya acumulación supone un grave riesgo, pues la falta de gestión forestal, de movilización y extracción de esa biomasa agravaría los incendios forestales al impedir el acceso a los montes y la extinción de los mismos.
Tras más de un año de enorme incertidumbre, el sector, si bien lamenta que se hayan establecido nuevas limitaciones que deben aplicarse de forma retroactiva, como aumentar al 80% el ahorro de emisiones de GEI en las centrales respecto a la alternativa fósil, tanto para centrales nuevas como para las existentes, agradece que se haya puesto fin a este periodo tan incierto a la par que preocupante, y que la definición de ‘biomasa leñosa primaria’ que tan perjudicial hubiera sido para los montes y la cadena de valor del sector forestal, no se haya adoptado finalmente.
GOBIERNO DE ESPAÑA Y MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
En la fase final de las negociaciones de la Directiva (denominada trílogos, al estar involucrados la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeos), la posición de España en el Consejo Europeo ha sido contraria al establecimiento de esta definición dado el potencial impacto negativo sobre la movilización de biomasa acumulada en los montes y, consecuentemente, sobre los incendios forestales que cada año son de mayor envergadura y virulencia. Máxime cuando España cuenta con normativa forestal suficientemente garante. Posición perfectamente alineada con el resto de países mediterráneos, cuyos sectores son mucho más parecidos al de España que al de los países norte europeos, y quienes además comparten la terrorífica problemática de los incendios forestales que cada verano arrasan sus montes.
BIOPLAT reconoce y agradece a la Ministra y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en concreto la Secretaría de Estado de Energía liderada por Sara Aagesen, con su Dirección General de Política Energética y Minas y su Subdirección de Energías Renovables, y la Secretaría de Estado de Medioambiente liderada por Hugo Morán, con su Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y su Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, además de a la Secretaría General para el Reto demográfico liderada por Francesc Boya, el haber escuchado a todos los agentes del sector -desde empresas, forestalistas y medioambientalistas hasta científicos y académicos-, y su papel en las negociaciones, con indiscutible rigor, y con la sostenibilidad y la conservación de los montes como prioridad.
El sector, una vez despejadas las incógnitas y con las normas claras tras el acuerdo alcanzado sobre el texto definitivo de la RED III, continuará demostrando que es posible conjugar la sostenibilidad y la conservación de nuestro capital natural con la gestión forestal sostenible, la lucha contra los incendios forestales, la transición energética y la bioeconomía.
