por

JUNTOS POR LOS BOSQUES acoge positivamente la iniciativa del Plan de Actuación Forestal promovida por el MAPAMA

Aunque observa lagunas en el ámbito fiscal y de financiación.

En diciembre de 2016 Juntos por los Bosques y la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, acordaron la elaboración de un Plan de Actuación Forestal, con el horizonte de la presente legislatura, que se basase en las propuestas del propio sector. El 27 de noviembre de 2017 el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas Godino, entregó a Juntos por los Bosques un borrador del Plan que ha sido también remitido a las Comunidades Autónomas. El pasado 20 de diciembre el Ministerio trató el Plan con las CC.AA. y en paralelo recibió los comentarios del sector representado por Juntos por los Bosques.

Las entidades que conforman Juntos por los Bosques y que representan la práctica totalidad del sector forestal organizado en nuestro país, expresamos nuestro reconocimiento al Ministerio por la receptividad demostrada a la propuesta del sector, la oportunidad del Plan, su enfoque temporal y competencial focalizado en las competencias del Estado, así como su estructura. Igualmente desde Juntos por los Bosques reconocemos la receptividad a buena parte de las propuestas que trasladamos al Ministerio durante el pasado año. El documento en su estructura actual puede servir también para abordar instrumentos de horizontes temporales mayores, acordes con el largo plazo de la actividad forestal.

No obstante, hemos de expresar también nuestra decepción por la ausencia de cualquier mención a dos de las principales propuestas de Juntos por los Bosques relacionadas con la fiscalidad y la financiación.

Por un lado, desde hace 25 años se viene tratando la necesidad de adecuar nuestro marco fiscal a las singularidades de la actividad forestal y con ello resetearlo para que, en vez de un freno, se convierta en un acicate de la gestión forestal. El largo plazo, los altos riesgos (incendios) y la generación de importantes servicios ambientales, requieren de un tratamiento propio que ajuste la carga fiscal a la realidad económica de la actividad forestal, especialmente en un contexto de elevados impuestos directos (IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Sociedades, etc.). La necesidad de un enfoque integral evitando retoques parciales se ha venido defendiendo con ocasión del debate sobre la Ley básica de Montes en 2003 y sus reformas de 2006 y 2015, quedando la concreción fiscal finalmente en el aire. Juntos por los Bosques ha realizado un complejo estudio económico donde se demuestra el efecto neutro en términos fiscales de las modificaciones propuestas.

 

 

La otra cuestión es el establecimiento del Fondo Forestal Nacional y la afección parcial de determinados ingresos fiscales fuertemente relacionados con los bosques. Está ampliamente reconocido que la infrafinanciación forestal es de naturaleza estructural y una de las causas claves del abandono de los bosques, antesala de los incendios. La PAC no es formalmente competente en el ámbito forestal y por ello solo se pueden destinar a los espacios forestales una fracción de los recursos de su 2º pilar (desarrollo rural).

Además, la demanda de servicios ambientales por la sociedad es creciente, pero en ningún caso es reconocida ni mediante instrumentos de mercado ni con fondos públicos. El céntimo sanitario que en su día gravó adicionalmente los hidrocarburos ha sido anulado por la Justicia comunitaria precisamente por carecer de vínculo evidente entre el hecho imponible (emisiones de CO2) y la afección de los fondos (sanidad o el medio ambiente en términos genéricos). Si se hubiesen destinado a promover los sumideros de carbono en los bosques hubiera sido acorde al derecho comunitario. El pasado 30 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley a propuesta del Grupo Popular, que no obtuvo ningún voto en contra, y que proponía el establecimiento de dicho fondo para montes ordenados y la acepción de una parte de los ingresos vinculados por las emisiones de CO2, a las tasas que deberían abonar las empresas de abastecimiento y depuración de aguas y las compañías de distribución de combustibles fósiles por los servicios que el monte les presta, y a las partidas asignadas en los Presupuestos del Estado para este fin.

Desde Juntos por los Bosques entendemos la cautela del Ministerio en ambos temas debido a lo prematuro de la discusión con Hacienda, pero entendemos que se trata de cuestiones claves donde es crucial el compromiso expreso del Ministerio ante esa negociación, máxime cuando en otros aspectos de fiscalidad agraria se anuncian iniciativas pendientes de negociación con Hacienda y cuando existe un claro mandato parlamentario promovido por la formación política que sustenta al Gobierno.

Juntos por los Bosques