martes , 21 de agosto de 2018

Lutz Ribbe, portavoz del Comité Económico y Social Europeo.


El Comité Económico y Social Europeo, en su Dictamen sobre la política de biodiversidad de la Unión Europea, ha pedido a la Comisión Europea que apruebe sin dilación un presupuesto extraordinario para Natura 2000, con un cálculo exacto de los costes como punto de partida”.

Los expertos estiman que se necesitan unos 10.000 millones de euros al año, en particular para compensar a los propietarios de los terrenos por sus pérdidas o pagar por servicios especiales.

“La protección de la naturaleza es un bien público y no debe llevarse a cabo a expensas de los propietarios”, afirma Lutz Ribbe, portavoz del Comité Económico y Social Europeo.

PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

El CESE (Comité Económico y Social Europeo) advierte que “la pérdida de biodiversidad pone en peligro nuestra subsistencia” y hace un nuevo llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para que garanticen “una aplicación rápida y coherente de la estrategia en favor de la biodiversidad”, haciendo referencia a su Dictamen sobre la política de biodiversidad de la UE.

NATURA 2000: TRAS 20 AÑOS, EL CESE ABOGA POR UN PRESUPUESTO ESPECIFICO

La red Natura 2000 se basa principalmente en la Directiva sobre hábitats, con especial protección de las áreas para aves con arreglo a la Directiva sobre aves. Su finalidad es preservar la flora y la fauna, así como los biotopos únicos, de las zonas designadas. Esta red debería haberse completado en 1995. Ahora, en 2017, se han designado finalmente casi todos los espacios Natura 2000 -con una extensión aproximada del 18 % de la superficie de la UE-, pero muchos de los espacios no cuentan aún con una garantía jurídica de carácter permanente y solo alrededor de la mitad de ellos dispone de planes de gestión. “Esta es una prueba de la incapacidad o simplemente del desconocimiento por parte de la UE y muchos de sus Estados miembros”, opina Lutz Ribbe.

El CESE considera que uno de los principales motivos del retraso en conseguir los objetivos originales reside en la financiación de las zonas Natura 2000, que casi exclusivamente corre a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). “En estos dos fondos, Natura 2000 compite con muchos otros proyectos, por lo que en muchos casos se actúa en detrimento de la protección de la naturaleza. Siempre hemos advertido contra este tipo de conflicto de intereses y pedimos de nuevo a la Comisión que apruebe sin dilación un presupuesto extraordinario para Natura 2000 con un cálculo exacto de los costes como punto de partida», subraya el Sr. Ribbe.

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3 Comments

  • Victoriano Cecilia dice:

    “La protección de la naturaleza es un bien público y no debe llevarse a cabo a expensas de los propietarios”
    Terrible afirmación.
    Quizá la pregunta es ¿Se puede ser propietario de un bien público?. Yo tengo claro que no se debe.
    Los propietarios de los bosques, como los propietarios de cualquier bien, lo son con las limitaciones que les impone la ley. Y entre ellas tiene que estar la obligación de mantener y garantizar su papel en la naturaleza. No veo por que hay que compensar a nadie por ello. Muchos bienes producen de alguna forma, algún tipo de externalidad que puede beneficiar a la sociedad y no todo tiene por que estar regulado por el mercado.
    Si algún propietario ve que no le interesa su bosque siempre puede donarlo al estado.

    • Creemos que estamos en presencia una vez más del reduccionismo del mundo urbano que anula la diversidad, incluso de pensamiento. La cualidad de un bien calificado de público no es la titularidad sino las consecuencias que genera su oferta y demanda. Como por muchas razones el mercado no puede ofrecerlo, no existe el precio como señal de intercambio; es un motivo para que las Administraciones Públicas regulen su oferta y demanda para asegurar la calidad y cantidad de dicho bien porque es necesario para la sociedad en general. Obviamente esto no implica que necesariamente la titularidad sea del Estado a no ser que se considere imprescindible porque no existe otra fórmula más eficiente y previa justificación demostrando que no se puede ofertar en condiciones de otra manera, y se procede a la expropiación.
      Pero desde el plano económico, social y ambiental es más eficiente (escasez de recursos) estimular por las AA.PP. la colaboración de los gestores del territorio para cumplir esas funciones de la oferta de recursos naturales en calidad y cantidad. Fija población, genera actividad y empleo, capacidad de recaudación de las AA.PP. y un paisaje cuidado, en sentido amplio, para desarrollar actividades económicas y oferta de bienes intangibles.
      Frente a esta situación, el abandono, la despoblación y la desidia porque el Estado sin recursos tiene que ser propietario, es un planteamiento estéril como se viene demostrando a pesar que genere mucha tranquilidad placentera en el urbanita porque cree que al ser propiedad del Estado, per se, funciona.
      No todos los productos del monte tienen un mercado que los valorice y justamente los servicios más apreciados por la sociedad (paisaje, biodiversidad, ocio y deportes de naturaleza…) y necesarios (agua, clima, valor terapéutico …) se mantienen gracias a la gestión de los propietarios del monte, que soportan sólos ese coste sin compensación económica alguna y sin reconocimiento social, complicándose enormemente dicha gestión en muchos casos por las restricciones y normativas de protección, que en determinados espacios protegidos obligan a hacer los trabajos selvícolas manualmente multiplicando dichos costes y haciendo inviable las actuaciones por las que esa zona fue declarada de interés bajo alguna de las figuras de protección. Esa labor fundamental de cuidar (por manos de particulares) las infraestructuras verdes de nuestro territorio genera muchos beneficios públicos no remunerados. Está claro que tenemos obligaciones (como la de ser responsables de esos espacios, conservarlo y transmitirlo en iguales o mejores condiciones a las generaciones venideras), pero nuestros derechos caen en el olvido.

      Es cuestionable la capacidad del Estado para atender tal cantidad de montes, y “devolverlos” no sería la alternativa eficiente (sólo en determinados casos donde no hay manera de conocer al dueño y están abocadas al abandono). Son mucho más acertadas por parte de la Administración iniciativas que estimulen la gestión de los montes, como por ejemplo la supresión del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las fincas rústicas y creación de un Banco Tierras donde los particulares se intercambian las propiedades (como en Galicia o en Cataluña). Al final la supresión de impuestos y/o incentivos fiscales siempre es más eficaz que cualquier iniciativa pública, y seguramente más barata para el Estado.

      Junta Directiva de COSE

  • JAVIER MENDIZABAL dice:

    No tengo duda alguna que hay que ayudar al propietario particular que protege y crea un medio, que enriquece el medio ambiente bién en bosque,flora.fauna o medios fluviales.Porque, siempre lo rentable tiene que ser empobrecer el medio ambiente: plantaciones masivas,construcciones ,escombreras etc.
    Estos por medio de impuestos deberían mantener al que protege el medio sin ser rentable pero enriqueciendolo.
    Así el particular se vería motivado a mantener sus parcelas y ofrecer a la sociedad otro tipo de bosque que no el de simple explotación para su rentabilidad inmediata.

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