El mayor número de incendios en España se produce en el arco noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria, provincias de León y Zamora, y están relacionados con la ganadería extensiva, siendo en su mayor parte provocados.
El noroeste de la Península Ibérica es probablemente uno de los territorios con mejores condiciones naturales para la gestión forestal en Europa, pero paradójicamente, es el área geográfica con mayor número y superficie incendiada al año de toda la UE. La estructura de las ayudas de la PAC está siendo, en nuestra opinión, uno de los factores que está incidiendo en el aumento de los incendios en estas zonas a partir del año 2007, sin olvidar otras causas, no desdeñables pero menores, como los daños provocados por la fauna silvestre, lobo, jabalí, etc.
La ganadería es necesaria para mantener una parte importante de la población rural, y desempeña un papel decisivo para el sostenimiento de grandes áreas de montaña cantábricas, su paisaje y su biodiversidad asociada. Nuestra crítica va dirigida al sistema de ayudas, en especial aquellas que tienen base territorial, en nuestra opinión el origen de muchos incendios forestales.
«Los incendios forestales no son una novedad en la Cornisa Cantábrica, los sufrimos cada año en invierno. Los daños que provocan evidencian el mal funcionamiento de la gestión del territorio. Los criterios fijados en las distintas órdenes de ayudas para la reducción o exclusión de la subvención del pago único de superficies de pastos, están detrás de muchos de los incendios de estos días», aseguran desde Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
El aumento de la superficie no susceptible de percibir ayudas tiene varias causas, entre las que están la reducción de la carga ganadera total por unidad de superficie y la bajada del censo de ganado menor. Esto hace que el aprovechamiento del pasto sea menor, aumentando el matorral. Esto, en principio, no es malo; el matorral es la antesala del bosque y un paso en su evolución climácica hacia estadios superiores. El monte no está sucio, el monte es así; lo contrario son los parques y jardines urbanos o periurbanos.
Cuando se achacan los incendios a que los montes están “sucios”, se pretende cargar la responsabilidad a la Administración por no limpiarlos, y al mismo tiempo, dejar impune al verdadero responsable “el incendiario”. El uso tradicional del fuego en el sector ganadero hace que la sociedad rural no vea el incendio como “un problema”, sino más bien como una herramienta ancestral de mantenimiento de los pastos. Ni todas las costumbres, por antiguas que sean, son buenas, ni todo lo nuevo es mejor.
Esto no debe entenderse como una crítica al sector ganadero, que es imprescindible para el mantenimiento de la estructura social del medio rural. La gente del campo tiene derecho a vivir “en” y del “campo”. No podemos estar continuamente hablando de que el despoblamiento rural es un grave problema y al mismo tiempo establecer normas que hagan difícil, si no imposible, que la gente de los pueblos se gane el sustento en ellos.
Agilizar la autorización y ejecución de quemas controladas o prescritas adaptándolas a la situación actual, es necesario para acercarnos a la solución del problema. Las quemas controladas son una herramienta, no un simple cambio semántico que trasforme “incendio” por “quema prescrita”. No es posible quemar controladamente “todo” lo que el ganadero necesita para la percepción de sus ayudas, sino solo aquello necesario para el sustento del ganado. Y hay que cambiar al mismo tiempo la arquitectura de las ayudas PAC, de tal forma que llegue al ganadero igual o más dinero, pero sin ligarlo a una superficie.
CAMBIO DE LA ARQUITECTURA DE LAS AYUDAS PAC
No es posible implantar una gestión forestal multifuncional y sostenible, mientras no se resuelvan las cuestiones de fondo que contribuyen desde hace décadas a aumentar el problema de los incendios forestales.
Las ayudas han de ser revisadas para evitar efectos contraproducentes como los derivados del CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), para promover el buen manejo ganadero y estar condicionadas a la inexistencia de incendios forestales. Cuando no se respeten las buenas prácticas establecidas, la retirada de las ayudas ha de ser inmediata y durante un número de años suficiente que impida que incendiar el monte “salga gratis”.
El principio fundamental es que nadie ha de obtener beneficios por un incendio, con un corolario sencillo: los culpables han de percibir los perjuicios que conlleva, y de manera inmediata, la pérdida de subvenciones públicas. El enfoque penal es complementario y probablemente menos efectivo que el enfoque administrativo de sanciones inmediatas, tal y como se ha demostrado en la lucha contra los accidentes de tráfico.
Es necesaria una nueva actitud de la sociedad hacia el medio rural, de mayor respeto y comprensión, pero también de exigencia en la búsqueda de soluciones conjuntas para la lucha contra los incendios forestales. Es necesario también un compromiso social y político con la gestión forestal, que debe ser constante y dilatado en el tiempo. Es una tarea que debe ser asumida por el conjunto de la sociedad, de forma que se equilibren los intereses de los distintos grupos sociales.
Por un lado los ambientes urbanos, caracterizados por tendencias presuntamente conservacionistas, que pretenden asignar la preferencia en grandes territorios a los servicios ambientales. Al ser mayoría, sus opiniones son cada vez más influyentes en la legislación, lo cual provoca, en numerosas ocasiones, la inadaptación de la normativa a la realidad natural y social.
Por otra parte, tenemos la opinión de los habitantes y propietarios del medio rural, con tendencia a defender una producción directa que les asegure rentas y trabajo. Siendo importante conocer la opinión de los ambientes urbanos, (son mayoría no lo debemos olvidar), creemos que lo prioritario es focalizar la atención en las necesidades de nuestro medio rural. Si queremos asegurar el aprecio y la conservación del monte, habrá que contar con la opinión y el conocimiento de las costumbres de las poblaciones rurales de su entorno.
Es urgente una planificación de zonas de riesgo de incendio, para ello hay que dotarse de medios económicos y humanos. Esta planificación, más la coordinación total entre el operativo de extinción y los gestores del territorio forestal, permitirán luchar con más éxito contra los incendios.
En estos momentos debemos pensar ya en la necesaria recuperación de los terrenos incendiados. Sin embargo, si no invertimos en gestión forestal y prevención, lo sucedido, probable y tristemente, volverá a repetirse.