lunes , 28 de mayo de 2018

Incendios Forestales.


Hace unos días el Consejero de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias anunciaba que los daños producidos por los últimos incendios forestales nos van a costar 52 millones de euros. Desde la Delegación Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Asturias y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, queremos remarcar algunas realidades e ideas que sirvan para entender y afrontar, con coherencia, esta grave situación.

Asturias es una de las regiones más afectadas por este grave problema. Hasta ahora, los responsables políticos, han confiado principalmente en los medios de extinción para contener el problema, sin embargo los datos estadísticos e históricos nos demuestran que, esto, no está funcionando, no se está reduciendo el problema.

Por las condiciones particulares de este territorio, llega un momento en el que no hay efectivos suficientes para atenderlos y el operativo de extinción se puede ver desbordado y cercano al colapso, produciéndose situaciones como las ocurridas en los últimos años, con grandes incendios -los que afectan a más de 500 hectáreas-afectando a casas, pueblos, poniendo en riesgo a la población y llegándose a su extinción cuando un cambio en las condiciones climáticas, “colabora” con los medios destinados a tal fin.

En este escenario, la inversión en extinción sigue siendo necesaria pero, resulta patente que no es suficiente. Los efectos negativos de los incendios sólo podrán reducirse si las actuaciones se centran en medidas de gestión muy anteriores a la presencia del fuego.

En nuestro ámbito social donde el fuego es secularmente una herramienta son necesarias actuaciones en formación, educación, y modernización agraria. Es insensato la pretensión, de algunos colectivos, de un territorio silvestre donde no hay espacio para las actividades humanas.

Para hacer frente a estas amenazas es indispensable apostar por una mayor gestión integrada de nuestros montes con la prevención de incendios como uno de sus principales objetivos. Estas tareas de gestión y prevención, están asignadas por la Ley 3/2004 de Montes a la Administración Forestal Regional.

A grandes rasgos en los últimos 20 años el modelo público de respuesta a los incendios, la inversión principal efectuada por los gobiernos regionales, se ha basado en el desarrollo y apoyo constante a los medios de extinción y en una tibia inversión en dos áreas de la prevención, con han sido la dotación de infraestructuras de extinción que potencialmente serán utilizadas por los medios de extinción (puntos de agua, cortafuegos y fajas auxiliares) y la realización de tratamientos selvícolas o labores de desbroce de matorral para reducir el potencial combustible.

Otras CCAA, del entorno mediterráneo, ya son conscientes del problema y gestionan la prevención de forma planificada: utilizan la tecnología para evaluar qué zonas del territorio son más sensibles a los grandes incendios y actúan con preferencia sobre ellas.

Además, urge abordar la concienciación y conciliación de intereses. Para esto, se pueden adaptar planes que ya han tenido éxito en otras zonas, como el Plan 42 de Castilla y León, que sus 10 años de recorrido consiguió reducir los incendios en algunas comarcas hasta en un 70% con un coste inferior a los 300.000 euros.

En el pasado, en el ámbito mediterráneo de nuestro país, se hizo tópico la frase “los incendios se apagan en invierno”, queriendo significar que los incendios de verano son controlables o no llegarán a producirse o ser muy extensos en función de la labor diversa que se haya realizado el resto del año cuando el riesgo es mucho menor. Un conocimiento corriente que viene a ser una consecuencia del más general tópico que solemos emplear todos diciendo que “más vale prevenir que curar” para solucionar un problema o evitar un riesgo.

La situación que estamos viviendo desde unos años a esta parte, unida a los pronósticos que nos transmite la comunidad científica sobre el cambio climático para un futuro cercano, resaltan la insoslayable y urgente necesidad de desarrollar en Asturias una administración forestal moderna, dotándola con los medios humanos y materiales suficientes para cumplir con la encomienda en prevención y gestión de montes que la Ley les asigna, ocupando su lugar como núcleo de la lucha y defensa contra los incendios forestales.

Es necesaria la planificación (planes de defensa de las zonas de alto riesgo y planes forestales comarcales son los mecanismos que nuestra legislación preceptúa para esta labor), y esta planificación debe ser ejecutada y supervisada desde la Consejería competente, tal y como se ha intentado desde la aprobación de la ley de montes en el año 2004, habiendo sido inabordable con la escasa plantilla hasta ahora asignada a la administración forestal asturiana.

Actualmente, en la práctica, sólo hay 8 puestos de técnicos forestales sobre el terreno, siendo cada uno responsable de la gestión directa de más de 40.000 hectáreas de montes públicos o convenios en el ámbito de unos 10 Concejos. Además este personal técnico interviene en el control de actividades en el resto las superficie forestal de su zona ya sea supervisando subvenciones, autorizaciones, informes, etc. lo que hace que este ratio de superficie por persona sea 5 veces mayor que el de otras CCAA colindantes, o 10 veces mayor que el de países europeos como Francia o Alemania.

El Plan forestal estableció ya hace 15 años la creación de 10 zonas de gestión y a finales del año 2005 se resolvió por la entonces Consejería de Medio Rural y Pesca adoptar oficialmente esa comarcalización, que todavía no ha sido implantada, manteniéndose las 8 zonas de gestión que ahora existen y que están infradotadas.

Desde esta Delegación Territorial de Asturias del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y Medio Natural entendemos que no se debe perder más tiempo y comenzar a adoptar las medidas de organización y dotación de medios, humanos para poder desarrollar la gestión de los montes de Asturias con la prevención de los incendios forestales como una de sus piedras angulares.

Estas pocas medidas pueden ponerse en marcha con menos de la décima parte de lo que va a costar reparar los daños de los últimos incendios y además servirán para poner en valor los abundantes y muchas veces desaprovechados recursos forestales de nuestra región ya que son una inversión y un apoyo a la capitalización del valor de nuestros montes, y nunca un simple gasto o una pérdida, tal y como ha estado ocurriendo cada año debido al sistema adoptado que realmente solo ha actuado con decisión sobre la parte visible del problema, con las llamas ya iniciadas en el monte.

Debemos terminar, recordando que desde principios del presente siglo se forman en Asturias titulados universitarios especializados en la gestión forestal, llevándonos a la pregunta de cómo es posible que una extensión importante de nuestros montes, con una capacidad de vegetación elevada, con un clima atlántico, favorable a distintas producciones, con un patrimonio natural envidiable, y la suficiente extensión para la combinación simultanea de usos y servicios, suponen para la sociedad, aparentemente, más pérdidas que beneficios sin que ningún programa o acción de gobierno permita aportar conocimientos para construir las soluciones.

En Asturias, a 28 de noviembre de 2017

David Barraso Romero

Decano Territorial de Asturias

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y Medio Natural

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