viernes , 20 de septiembre de 2019

España posee una ordenación urbanística en muchos lugares de su geografía que no tiene en cuenta el peligro real que suponen los incendios forestales.


La presencia de urbanizaciones, edificaciones, infraestructuras y personas en contacto directo con zonas forestales influye de forma determinante en el comportamiento de un posible incendio forestal y en la forma de atacarlos.

Resulta imprescindible, que con el fin de reducir el riesgo y evitar futuros daños en la medida de lo posible, se realice una planificación a todas las escalas (prevención, emergencias y autoprotección) de estas zonas especialmente sensibles para abordar el problema desde todas sus dimensiones. No queremos que lo sucedido en un pasado reciente en Estados Unidos, Canadá, Chile, Sudáfrica, Portugal o Grecia se repita en nuestro país. Pero seguimos tentando a la suerte.

Se debe exigir que existan planes de prevención contra incendios forestales en todas las zonas de alto riesgo declaradas por las Comunidades Autónomas, especialmente en urbanizaciones y lugares de masiva afluencias turística. Pero no sólo deben existir esos planes sino que deben ejecutarse y no quedarse en una estantería de una dependencia municipal. Para ello hay que destinar un presupuesto que mantenga actualizado y vivo ese instrumento de gestión, que sin lugar a dudas son la forma más eficaz de mejorar las acciones de prevención ya que en él se planifican las actuaciones para intentar reducir el número de incendios y sus consecuencias en caso de producirse.

Ya en el mes de abril de este año, el fiscal coordinador de medio ambiente, Antonio Vercher, advirtió a numerosos ayuntamientos de la labor de seguimiento que se está realizando desde la fiscalía especializada en medio ambiente y urbanismo, de los “municipios de las zonas de mayor incidencia de incendios forestales”. Además puso el acento en que la ausencia de estos planes puede tener consecuencias cuando se produzca un fuego y se abra una investigación penal ya que el incendio forestal puede constituir un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el medio ambiente.

Corresponde a cada administración local, en general, elaborar su propio plan de prevención de incendios forestales, siendo en algunas Comunidades Autónomas obligatorio para todos los municipios con terreno forestal y en otras sólo en las zonas identificadas como de alto riesgo. También las urbanizaciones y otro tipo de infraestructuras existentes en esa zona de interfaz deben contar con ese instrumento preventivo. Desgraciadamente, raro es encontrarse con una urbanización que haya hecho los deberes. No existe una percepción real del riesgo.

En este contexto real, los incendios forestales que afectan a estas zonas de interfaz resultan de una complejidad extrema. Si al riesgo de incendio forestal propio de los ecosistemas mediterráneos se le añade en el caso de España, por su perfil de potencia turística, la afluencia masiva de visitantes coincidiendo mayoritariamente con la época más seca (con mayor probabilidad de ocurrencia de incendios y de que éstos sean más virulentos) y la presencia masiva de zonas residenciales entrelazadas con terrenos agroforestales nos muestran un escenario terrorífico.

Actualmente los medios de extinción y de protección civil no pueden ni deben asumir toda la responsabilidad y no pueden ponerse en una situación de riesgo continuo, particularmente si no se han observado las mínimas normas de autoprotección y prevención. No estamos hablando sólo de un problema medioambiental, se trata de un problema de seguridad nacional, tal y como apuntan desde el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y Medio Natural.

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