El sector reclama una fiscalidad forestal específica. Es la conclusión de la jornada sobre “Modificación de la Ley de Montes”, organizada por el Colegio de Ingenieros de Montes y la Fundación Capital Natural, con la colaboración del MAGRAMA, celebrado el pasado día 8 de abril en el Instituto de la Ingeniería de España.
En la inauguración de la misma Carlos del Álamo, Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, señaló que “puede ser una ley interesante, si consigue incorporar la economía al monte… hacerlo más rentable”.
Tomás Fernández-Couto: “Los pilares de la nueva ley son el entorno privado y la gestión forestal”
A su juicio, con esta modificación la Ley de Montes se acerca a los propietarios particulares, apoyándoles con instrumentos de gestión y vías de certificación de la gestión forestal sostenible, y abre la puerta a modelos de agrupaciones de propietarios tales como los Montes de Socios o las Sociedades Forestales.
Según Fernández-Couto, “los pilares de la nueva ley son el entorno privado y la gestión forestal”.
José María Solano, vocal asesor de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), considera que “con la modificación de 2015, la filosofía de la Ley de Montes de 2003 y 2006 no cambia, sino que se refuerza”.
A su juicio, la ley no excluye los aspectos ambientales. Al contrario, se aportan más garantías sobre el control de las explotaciones. De hecho, la certificación forestal se erige como aval de legalidad y sostenibilidad.
La Ley de Montes fomentará, según Solano, la transferencia de tecnología a las empresas y gestores de los montes.
Respecto al EUTR, Reglamento Europeo sobre la Importación de Madera, el ponente anunció que la modificación legislativa recoge un régimen sancionador para quienes lo incumplan.
José María Solano: “Con la modificación de 2015, la filosofía de la Ley de Montes de 2003 y 2006 no cambia, sino que se refuerza”
Tal como explicó a un nutrido auditorio de ingenieros, técnicos y propietarios forestales, entre los cambios importantes de la ley se hallan la nueva clasificación de los montes, la posibilidad de que los pequeños montes puedan acogerse a modelos técnicos de gestión adecuados, más asequibles, predeterminados por las Comunidades Autónomas, y el reconocimiento de los Montes de Socios; una figura peculiar, fruto de las desamortizaciones del siglo XIX, mediante la cual el monte se podrá gestionar, aunque sus propietarios sean desconocidos. Asimismo, donde la fragmentación de la propiedad es muy grande, emerge la figura de las Sociedades Forestales (SOFOR), basada en el derecho de uso de la tierra y la gestión conjunta de parcelas. Lo que las hace, evidentemente, más rentables.
“La nueva Ley se cimentará en el equilibrio económico, ecológico y social”, concluyó José María Solano.
“Con una Sociedad Forestal (SOFOR) hacemos en una agrupación de parcelas lo que haría cada propietario individual en la suya –completó Fernández-Couto-. Es un paso hacia una explotación, reconocible jurídicamente. Estás constituido, y existes”.
En una SOFOR cada propietario tiene unos gastos de gestión y unos ingresos por venta de madera. Se gestionan colectivamente, pero se tributa individualmente. Lo importante es que la gestión sea conjunta, como un único monte.
“Los Montes de Utilidad Pública (MUP) no son sólo propiedad; también son uso y gestión”, concluyó el ponente, quien duda que de la actual reforma emerja una ley estable y de calidad para los montes públicos.
Ignacio Pérez-Soba: “Necesitamos una norma con rango de ley para regular la propiedad pública forestal”
El ponente propuso desarrollar los PORF (Planes de Ordenación de los Recursos Forestales), impulsar los planes de gestión forestal en los montes privados, regular los aprovechamientos de los montes de utilidad pública (MUP) y considerar la reserva para el propietario de productos no maderables.
Para ASEMFO es preciso repoblar y mantener las explotaciones forestales, para que sean productivas y rentables.
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“La gestión es esencial y la certificación forestal es un instrumento fundamental -afirmó en su exposición José Causí, Director Forestal de ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón-, pero queremos una gestión activa, para protegernos de la influencia de directivas europeas, y que garantice la persistencia del recurso, asegure el origen del aprovechamiento y mejore la salud y vitalidad de las masas”.
Con todo, José Causí anima a “que la ley sea más extensa y atrevida”. Y, como la mayoría de los ponentes en la jornada, aboga por el desarrollo de una fiscalidad forestal específica.
José Causí: “La gestión es esencial y la certificación forestal es un instrumento fundamental”
“El debate de la Ley de Montes pone el acento en el impulso a la economía como punto de partida para la gestión y conservación –expresó Francisco Carreño, presidente de COSE, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España-. Los Montes son la principal infraestructura del país, y creemos que su modificación servirá para gestionarlos mejor, de cara a seguir ofreciendo bienes y servicios fundamentales para la sociedad”.
COSE propuso a los representantes del MAGRAMA presentes en la jornada, una “fiscalidad que incentive la gestión forestal sostenible”. Lo cual se concretaría en una bonificación del 30% en las cuotas del IRPF o del Impuesto de Sociedades de las inversiones realizadas en ese sentido. “Impulsar la gestión sostenible es el reto para poner en valor unos recursos infrautilizados”, dijo Francisco Carreño.
Además, los propietarios privados de montes piden a la Administración su parte de co responsabilidad en la regulación de la propiedad y de la gestión forestal en España.
COSE se muestra a favor de la interacción entre agentes públicos y privados, de cara a capitalizar los recursos del monte. Y valoran positivamente los instrumentos y modelos de gestión de la propiedad que la Ley favorecería, tales como los “Montes de Socios” o las “Sociedades Forestales” (SOFOR).
Finalmente, aboga por “acertar en la regulación del acceso al monte”, para no perjudicar a otros aprovechamientos que no son la madera, tales como la ganadería o la recolección de setas.
Todo ello son propuestas encaminadas a la creación de puestos de trabajo y riqueza, en el ámbito rural.
El 67% de la superficie forestal de España es privada. “La diversidad es una obviedad, pero complica enormemente la gestión –concluyó Francisco Carreño-. La nueva Ley de Montes abre una puerta a la mejora de la gestión, y por ello la recibimos con optimismo”.
Francisco Carreño: “El debate de la Ley de Montes pone el acento en el impulso a la economía como punto de partida para la gestión y conservación”
La jornada tuvo una sesión vespertina en la cual se abordó al detalle los cambios y novedades que se han introducido en el texto de modificación de la Ley de Montes, en los ámbitos de la planificación forestal y la ordenación de los montes y los incendios forestales y la sanidad forestal; a cargo de Inés González Doncel, Doctora Ingeniera de Montes y Catedrática de Ordenación por la Universidad Politécnica de Madrid, y Vicente Rodríguez, Jefe de Servicio de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la Junta de Castilla y León, respectivamente.
Inés González: “Reconsideremos si merece la pena (y es posible) ordenar un monte”
Y preguntó a su auditorio: ¿Qué superficie forestal queremos? ¿Cuánta arbolada? ¿Con qué objetivos? ¿Qué productos y beneficios queremos?… “En función de todo ello, reconsideremos si merece la pena (y es posible) ordenar un monte.
El ponente opina que debería de suprimirse el controvertido punto que concede “la posibilidad, con carácter excepcional, de cambio de uso forestal de los terrenos incendiados, por interés general prevalente apreciado por Ley”. De esta forma, las Comunidades Autónomas podrían acordar cambio de uso forestal cuando concurran razonas imperiosas de interés público. “Que un terreno se queme no debe comportar un cambio de uso –concluyó Vicente Rodríguez-. Incluir este punto en la Ley de Montes le hace flaco favor…”.
En materia de sanidad forestal, el ponente informó que la nueva ley se remite casi en su totalidad al texto anterior, y recordó al auditorio que “la sanidad forestal depende del propietario, no de la Administración”.
Vicente Rodríguez: “Que un terreno se queme no debe comportar un cambio de uso”
Carlos del Álamo: “La fiscalidad forestal se va a imponer”
José Manuel Jaquotot: “No hay intereses ocultos en ninguno de los artículos de esta ley”
Begoña Nieto: “La nueva Ley se cimentará en el equilibrio económico, ecológico y social”