El pasado día 28 de marzo de 2019, el portavoz del Gobierno en la Junta General, Guillermo Martínez Suárez anunciaba que se está realizando un estudio estratégico para la mejora del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con varios escenarios, incluyendo uno que plantea la creación de 78 nuevas plazas con un incremento de 3,3 millones de coste anual.
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, reconocemos el esfuerzo realizado por los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias para crear y mantener un servicio de emergencias generalista y profesional que tiene como una de sus misiones la extinción de los incendios forestales.
EXTINCIÓN Vs PREVENCIÓN
Desde 2001 el gasto en extinción casi se ha multiplicado por seis; en los últimos años aproximadamente el 40% del presupuesto del SEPA se destina a los incendios forestales, a lo que hay que sumar el coste, nada desdeñable, del personal que trabaja en el 112, los bomberos y auxiliares de bomberos. Esto sin contar con el personal y medios facilitados por la Administración General del Estado.
Sin embargo en los últimos años hemos asistido a un aumento de las superficies quemadas y de los siniestros con afección a la población, por lo que nos atrevemos a asegurar sin temor a equivocarnos que, aun siendo la extinción la necesaria respuesta a la emergencia, la solución debe llegar desde la prevención integrada en la gestión de los montes.
Los expertos coinciden en que nos enfrentamos a un agravamiento del problema, debido la mezcla de varios factores negativos entre los que cabe señalar el incremento del potencial combustible en los montes y el cambio climático, que hacen que los incendios forestales no puedan enfrentarse -como hasta ahora- sólo desde la extinción. Es necesario gestionar el monte para evitar que su vegetación se convierta en el combustible de los incendios y en esta gestión hay que analizar y prever los potenciales grandes siniestros y su defensa.
FALTA DE PERSONAL
Somos testigos del debate social y mediático recurrente desde el año 2015, y de la sensibilidad y la demanda de medidas preventivas, reclamadas también desde la propia Junta General del Principado, por lo que no entendemos como el Gobierno del Principado de Asturias ni si quiera haya hecho referencia a un estudio o análisis sobre las necesidades también en medios y recursos para la prevención y la gestión forestal.
Frente a la decidida inversión en medios humanos y materiales desde el año 2000, hasta profesionalizar la extinción con más de 450 miembros del ahora SEPA -a los que el anuncio del portavoz indica que aún podrían sumarse hasta 78 más- hemos visto como el Servicio de Montes, unidad responsable dentro de la Consejería competente en la prevención de los incendios forestales, se mantiene con la misma dotación humana que ya era escasa en el año 2001.
A pesar de que la labor de prevención se configura cada vez más como el eje fundamental, para evitar o mitigar los efectos de los incendios, en 18 años no se ha visto en absoluto reforzada. El Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales teme que esta inacción sea debida a que los responsables políticos todavía no han comprendido la apremiante necesidad de disponer de suficiente personal facultativo para poder planificar y realizar con acierto las medidas preventivas necesarias.
Los datos facilitados por los ingenieros técnicos forestales que desempeñan su labor en la administración regional no dejan lugar a duda: el volumen de trabajo en informes, expedientes, inspecciones y supervisión de particulares, etc., suman cerca del 40% del total de la superficie forestal de Asturias lo que dificulta sobre manera la atención de los montes de gestión directa. Además el Servicio de Montes también gestiona más del 40% del volumen de los asuntos que tienen registro de entrada de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales con menos del 23% del personal total de la Consejería; y si nos referimos al personal facultativo este valor es incluso inferior al 10% del total correspondiente.
PLANES DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
La falta de medios que se detecta en las actuales deficiencias en planificación es elocuente y habla por sí sola; basta decir que 55 de los 78 concejos asturianos fueron declarados zonas de alto riesgo de incendios en 2007, y a pesar de que, según la Ley de Montes, en estos terrenos es obligatorio contar con un Plan de Defensa contra Incendios Forestales no se ha hecho absolutamente nada. Después de 12 años trascurridos no se ha aprobado ninguno.
En nuestra opinión se deben duplicar las ayudas a los ayuntamientos para trabajos de prevención, como de hecho se ha presupuestado para 2019, pero esta positiva medida podría quedarse en papel mojado puesto que no hay personal cualificado suficiente en los concejos para proyectarlas (ni siquiera para supervisarlo por la administración regional), ni tampoco existe ni se ha previsto una planificación a medio y largo plazo que oriente las actuaciones. En la dimensión actual de los medios humanos disponibles sería más efectivo, con un gasto notablemente menor, poner en marcha un proyecto dinámico y plurianual con varios equipos regionales para la realización de quemas controladas y apoyo técnico a la gestión consensuada de los montes comunales que dé continuidad a la labor, ahora estacional, realizada por las tres Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y los trabajos de la Brigada de Labores Preventivas (BLP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La gestión del día a día de los montes tropieza en el mismo escollo y es en realidad la fuente del escaso desarrollo de las medidas preventivas contra los incendios. En 2001, se aprobó el Plan Forestal como documento donde se recogieron las directrices de gestión que preveía desarrollarse mediante Planes Comarcales, llevando así la gestión a una escala de detalle paralela a la diversidad territorial y, sin embargo, todavía no se han aprobado ni uno sólo de estos planes, a pesar de que la Ley de Montes preceptúa que deberían estar listos en 2009.
El Plan, así mismo, ya reconocía el déficit de medios humanos del sector público, al establecer un subprograma destinado al fortalecimiento de la administración forestal, subprograma que no solo no se ha cumplido sino que, a juzgar por el enfoque actual del problema de los incendios, y las ofertas de empleo público desarrolladas, se seguirá incumpliendo a corto y medio plazo.
La situación descrita motiva al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales a reclamar firmemente, tal y como ya hemos solicitado en los últimos Consejos Forestales, la necesidad de aumentar la dotación de medios humanos básicos para una gestión de los montes integradora de las medidas preventivas contra los incendios. Además ahora que es previsible que se producirán cambios tras las elecciones, es necesario más que nunca que el Gobierno entrante se plantee una revisión de la organización de la Administración asturiana buscando nexos de coordinación entre todas las unidades relacionadas con este grave problema.
En definitiva, animamos a nuestra clase política, y en especial a las personas que formen el futuro Gobierno del Principado de Asturias, a que apuesten por la prevención contra los incendios forestales, del mismo modo que se ha realizado con la extinción. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Técnica Forestal y del Medio Natural quiera subrayar su compromiso con la preservación y defensa del patrimonio forestal y natural asturiano así como la apuesta incondicional de sus ingenieros y profesionales colegiados ofreciéndose a colaborar y asesorar en lo que estimen oportuno las diferentes Administraciones del Principado de Asturias.
