Las asociaciones de la cadena de valor de la madera de Galicia denuncian la extralimitación de competencias de los ayuntamientos en la publicación de ordenanzas forestales y la imposición de tasas discriminatorias para la actividad forestal.
Dichas organizaciones critican duramente la reciente publicación de ordenanzas municipales en varios ayuntamientos de la provincia de Lugo, concretamente – Meira, Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza-, que gravan la actividad forestal con la imposición de tasas al desarrollo de la misma y, como resultado final, a los propietarios forestales que gestionan sus parcelas para producir madera, obteniendo un importante complemento a sus ingresos familiares, especialmente en esta dura crisis, y generando un importante beneficio a la sociedad.
Estas ordenanzas suponen un impuesto más a la propiedad forestal, discriminando al sector de la madera con respecto a otros sectores primarios que se desarrollan en el mismo territorio y que no sufren esta penalización.
Las organizaciones profesionales remarcan que, efectivamente, la ejecución de su actividad no sólo tiene que ser compatible con dejar las vías utilizadas en el estado previo a los trabajos, sino que esto es necesario para el sector, para mantener la actividad en el monte, por lo que existe un total compromiso para proteger las pistas y, en su caso, repararlas cuando sufren daños o incidencias derivadas de un posible mal uso por parte de una empresa. Sin embargo, aseguran que el cobro de tasas por la ejecución de la actividad no lo garantiza, sino que son la responsabilidad empresarial y la mejora de la organización de la propia actividad dentro de cada municipio, las claves para hacer compatible la actividad forestal y la conservación óptima de las vías de titularidad municipal.
EL SECTOR DEMANDA UNA SERIE DE MEDIDAS PARA EVITAR ESTOS DAÑOS
El sector demanda la adaptación de las vías a la evolución de la maquinaria forestal, que es puntera y, por otro lado, realizar una organización de la propia actividad a nivel municipal, como sucede en algunos ayuntamientos que ya marcan las vías adaptadas para la saca de madera, la creación de parques de madera y puntos de acopio, zonas de viraje de camiones, etc.
La justificación que emplean algunos regidores sobre que es una manera de controlar a las subcontratas no se mantiene puesto que la empresa que compra la madera es la que se responsabiliza de la ejecución de la actividad. Tal y como señala la ordenanza, sería la encargada de tramitar las correspondientes autorizaciones y el abono de la tasa de aplicación en estos ayuntamientos. De este modo, es la encargada de vigilar que la actividad, ya sea con medios propios o subcontratados, se ejecute de manera correcta y, en el caso de causar algún daño o deterioro, reponerlo a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, algunos regidores apuntan a la paralización de la actividad durante varios meses a lo largo del año desconociendo, el impacto que tendría esta medida en términos económicos y de empleo. Afectando no solo a los propietarios forestales sino a toda la cadena de suministro e industria de transformación de la madera.
Finalmente, estas ordenanzas tendrían también repercusión sobre los vecinos de los municipios afectados, ya que dicha tasa supondría, por un lado, un descenso en el precio de la madera, dado que es un impuesto directo a la propiedad y serán los propietarios los que tendrán que asumir el mismo y, por otro lado, las empresas madereras evitarían la compra de madera en estos municipios, por existir otras zonas donde no se aplican estas tasas.
En definitiva, si la rentabilidad del monte desciende por la aplicación de estas tasas, las ordenanzas, van a contribuir al incremento de la tasa de abandono entre los propietarios forestales. Sorprende que en ayuntamientos eminentemente forestales impongan estas medidas tan graves, mermando la economía de sus habitantes y penalizando el desarrollo de las actividades económicas ligadas al rural.
El abandono de la gestión del monte es el principal problema al que se enfrenta el sector forestal y el principal factor de riesgo para la propagación de incendios forestales. No hay duda de que la imposición de tasas lastra la actividad forestal y fomenta ese abandono que todos queremos evitar.