No es nuevo que Galicia arda por los cuatro costados y en las cuatro provincias. Tampoco es nuevo que lo haga también en todo el arco noroeste de la Península (Asturias, Cantabria, León, Palencia y Zamora) donde está sucediendo tres cuartas partes de lo mismo. Y tampoco es desconocido que esos incendios se produzcan de forma simultánea aumentando notablemente el dramatismo de los mismos.
Recordemos que entre el viernes y la tarde del domingo se registraron más de 200 incendios y lo que resulta más preocupante, 28 iniciados de madrugada, entre la medianoche y las nueve de la mañana, un momento en el que las tareas de extinción son especialmente complicadas al no poder emplearse medios aéreos.
Las cifras hablan por sí solas: el 96% de los incendios forestales tienen un origen humano, ya sea por una negligencia o, y esto es lo peor, tienen una clara intencionalidad. Y también es de resaltar que casi la mitad de los grandes incendios forestales (aquellos que afectan una superficie mayor a las 500 hectáreas), los más graves por el verdadero drama ecológico, económico y social que generan, tienen como origen la mano del incendiario.
Situación dramática. Estamos ante una situación dramática con numerosos incendios declarados de nivel 2 (incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios estatales no asignados al Plan de la Comunidad Autónoma, o puedan comportar situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional) que están ocurriendo en zonas próximas a núcleos urbanos, con víctimas y heridos y numerosas pérdidas materiales, por no hablar de las infinitas situaciones de angustia y desasosiego que se han producido.
Incendios intencionados que ponen en jaque no sólo a nuestros medios de extinción sino también a parte de nuestra sociedad que sufre estas catástrofes de manera directa. La situación climatológica no ha hecho más que acentuar la gravedad de estos incendios forestales (estamos ante uno de los años más secos de los últimos 40 años, lo cual ha ayudado a la propagación y extensión de los incendios, llegando a afectar a laderas de orientación norte que ejercían de áreas cortafuegos) pero el verdadero problema está en el origen de los mismos (somos capaces de apagar más incendios, pero hemos fracasado rotundamente en reducir su número).
A la coctelera hemos de añadir, además del abandono de nuestros bosques, la crisis que atraviesa el mundo rural actual que comporta la pérdida de aprovechamientos tradicionales del monte (recogida de leñas, pastoreo intensivo,…) de la capacidad de detección y extinción inmediata por parte de la población rural, pérdida de caminos rurales al invadirlos la maleza, conocimiento del territorio, etc.
España necesita una mayor sensibilización ambiental, debemos ser conscientes de las enormes pérdidas que generan incendios de estas características. Y, sobre todo, debemos conseguir que todo el peso de la ley caiga sobre los autores y que estos delitos no queden impunes. Son poquísimas las condenas que se consiguen aun siendo las penas lo suficientemente duras.
Quemas descontroladas de pastos. Sin querer apuntar hacia ninguna causa de los incendios producidos hasta que finalicen las investigaciones oportunas conviene recordar que uno de los motivos principales en todo el arco noroeste español, según las estadísticas, son las quemas descontrolados de pastos. Bien por descoordinación entre la administración forestal y la responsable de la PAC, la cual debe ir dirigida a generar el diálogo y búsqueda de soluciones a problemas comunes, o bien para “no dañar las rentas ganaderas” muchas de las hectáreas quemadas siguen recibiendo ayudas PAC, es decir, se traslada al incendiario la idea que “quemar es rentable”, ya que además de la impunidad del incendiario, amparado en el “las prácticas tradicionales” (esto se ha quemado siempre), las ayudas no disminuyen.
Las subvenciones agrarias están concebidas para complementar la renta de los profesionales, especialmente en condiciones desfavorables y allá donde se requiera extremar las medidas para conservar un patrimonio natural de extraordinario valor, como en la Cordillera Cantábrica. Los sistemas de ayuda han de ser revisados para evitar efectos contraproducentes como los derivados del CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) y para que promuevan el buen manejo ganadero.
Cuando no se respeten las buenas prácticas establecidas, la retirada de las ayudas ha de ser inmediata. De esta manera se erradicó el problema de las quemas de rastrojos en el interior de la Península y podrían erradicarse las quemas descontroladas de pastos de la cornisa cantábrica.
Constitución Española y Código Penal. La Constitución Española señala que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. También dice nuestra Carta Magna que para los que ataquen a este medio se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas así como la obligación de reparar el daño causado. Pero desde hace ya demasiado tiempo estas medidas no están siendo disuasorias y no amedrantan a los incendiarios.
El Código Penal nos advierte que los causantes de un incendio serán castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses y si, además, ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con una pena de prisión de diez a veinte años aunque los Jueces o Tribunales pueden imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho.
El criterio para aplicar una pena mayor o menor viene estipulado por la superficie afectada por el incendio, que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos, que se altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido y, en todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. También se impondrán dichas penas en su mitad superior cuando el autor del incendio forestal actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.
En aquellos casos en los que el incendiario haya sido pillado in fraganti, sin que llegue a propagarse el incendio (la administración debe demostrar el peligro potencial del incendio y justificar los posibles daños si no se hubiere apagado), el castigo está tipificado con una exigua pena de prisión que va desde los seis meses a un año, con lo que es más que probable que el delincuente ni siquiera pise la cárcel. Este es un problema de interés nacional, por lo que se deben tomar medidas legislativas, policiales, judiciales, políticas y sobre todo en cuanto a la gestión que requieren en el siglo XXI nuestro patrimonio forestal, patrimonio que pertenece a todos los españoles.
Profesionalización. En los tiempos que vivimos, en los que el cambio climático es un hecho palpable en los países del arco mediterráneo, debemos reivindicar que los dispositivos de extinción contra incendios forestales sean cuerpos profesionalizados, con un trabajo continuo durante todo el año y un desarrollo profesional como cualquier otro servicio de emergencias.
Además estos dispositivos no solo deberían estar trabajando en extinción durante los meses de verano, ya que como estamos viendo la época de riesgo no sólo abarca los meses de junio a septiembre sino que cada vez es más espaciada en el tiempo.
Consecuencia de ello, los dispositivos deben trabajar al menos el tiempo que dura la época de riesgo o hasta que finalicen las condiciones propicias para que los incendios forestales se produzcan y tengan capacidad de propagarse generando en la gran mayoría de los casos un problema de protección civil o incluso de seguridad nacional.
Implicación y colaboración ciudadana. Por otro lado, debemos hacer hincapié en la necesaria implicación y colaboración ciudadana, en un primer momento advirtiendo de la existencia o inicio de un incendio forestal y avisando a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio. Y sobre todo se hace precisa su ayuda para denunciar a los causantes de tan enormes desastres.
Si durante estos años las inversiones sobre gestión forestal y en prevención de los incendios forestales se han visto notablemente reducidas por la crisis económica, las posibles medidas de atenuación del riesgo no han surtido ningún efecto positivo. La mejor manera de combatir los incendios forestales a estas alturas del año es evitar que se produzcan mediante la prevención y vigilancia. Es responsabilidad de todos evitar actuaciones negligentes o peligrosas que puedan provocar incendios forestales. En caso de emergencia hay que avisar al 112 inmediatamente y en caso de verse sorprendido por un incendio forestal se aconseja no transitar por pistas forestales, ni penetrar en el monte, y circular siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. Conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás.
No es el momento de lamentos ni reproches hasta que los riesgos bajen y volvamos a situaciones más normales para la reflexión, aunque en esos momentos ya no sea noticia de portada y los medios de comunicación ya no consideren tan interesantes estos debates. Es el momento en el que se debe pedir una mayor implicación social para parar esta lacra que evite por todos los medios que el 96% de los incendios que nosotros provocamos se eviten, y los que de forma natural se produzcan, se extingan con la mayor rapidez.
Las masas forestales, flora y fauna, paisaje, bienes y vidas se encuentran en jaque y son víctimas de una agresión sin precedentes. Los responsables y causantes de los incendios forestales en España no deben salir impunes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES Y GRADUADOS EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL