El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, afecta exclusivamente a personas trabajadoras por cuenta ajena de actividades no consideradas esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
La indefinición de esta norma al no considerar expresamente esencial toda la actividad forestal ha motivado una clara inseguridad jurídica a las empresas y profesionales del sector que según interpretación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF) y de Ingenieros de Montes (COIM) resulta imprescindible para el suministro de materias primas a industrias esenciales, producción de biocombustibles y para la lucha contra incendios.
Cinco días después de haber presentado la primera solicitud de aclaración el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD) todavía no ha emitido respuesta efectiva, lo que deja las empresas forestales a expensas de interpretaciones subjetivas por parte de los agentes de la autoridad (que a su vez reciben instrucciones de las Delegaciones del Gobierno) o los gobiernos autonómicos que, como en el caso de Galicia, País Vasco y Asturias, han emitido notas aclaratorias ante la premura de la situación y la falta de definición por parte del Ministerio.
Esta falta de respuesta por parte del Ministerio, que consideramos irresponsable, pone de manifiesto una vez más la invisibilidad que sufre el sector forestal para el Gobierno del Estado que no reconoce ni siquiera, en situaciones de emergencia, el carácter esencial de la gestión forestal como proveedora de servicios ambientales de producción, conservación y regulación necesaria de los ciclos naturales y lucha contra el despoblamiento rural.
El daño inmediato de este paro a las empresas forestales es algo que podría suponerse puntual, pero una visión amplia de la situación presenta un escenario de desabastecimiento de las industrias consideradas esenciales que no se resolverá de inmediato una vez finalizado el periodo de restricción, sino que se prolongará de uno a dos meses como mínimo tras reanudar la actividad normal.
El previsible daño que sufrirán en estas empresas se puede evitar con una acción responsable del Ministerio clarificando el carácter esencial de la selvicultura como proveedora de suministros de primera necesidad y de lucha contra incendios forestales, sin perjuicio de adoptar cuantas medidas protectoras requiera su desarrollo para la salvaguarda de la salud pública. De no ser así se sufrirá una pérdida irreparable de mercados y de puestos de trabajo en el medio rural.
Desde ambos colegios profesionales, se requiere al MITECORD una aclaración a esta inexplicable inacción, sin más interés que el de servicio público, en unos momentos en que las Instituciones, debieran dar respuesta ágil a las necesidades sociales en los respectivos marcos competenciales.
Nos ha causado extrañeza que precisamente el MITECORD que ha liderado la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables ante esta crisis limite el suministro energético a las energías fósiles emisoras de CO2 y por su olvido ponga el riesgo el abastecimiento de los ciudadanos, empresas y administraciones que han venido apostando por la biomasa como energía renovable y carbono-neutral.
La situación de emergencia que vivimos puede ser una oportunidad para realzar el papel fundamental de la gestión activa de los bosques para el desarrollo bioeconómico de la nación y el sostenimiento demográfico de un ámbito rural íntimamente vinculado a la preservación de los valores naturales que encierran los ecosistemas forestales.
Raúl de la Calle, Secretario General del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Fotestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural