En la lucha contra el cambio climático, la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y los sumideros naturales son esenciales para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Según los objetivos marcados por la Ley Europea del Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una prioridad, y se requiere una combinación de soluciones tecnológicas e innovadoras con prácticas basadas en la naturaleza.
El Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) celebrado en en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, acogió una interesante sesión técnica moderada por Sergio de la Cruz, director técnico del Foro de Bosques y Cambio Climático, asociación sin ánimo de lucro que defiende el papel que juegan los bosques en la mitigación del cambio climático, y el sector AFOLU (Agricultura, Selvicultura y otros usos del Suelo) en las políticas de relacionadas con el cambio climático, en la que se presentaron algunos casos de éxito y proyectos en curso que están implementando soluciones innovadoras para la captura de carbono en diferentes sectores.
Un foro centrado en sumideros, captura y almacenamiento de CO2, en el que expertos en esta materia presentaron distintas experiencias en este campo, algunas de ellas aún en curso.
Vanessa Sánchez Ortega, responsable de Políticas y Cambio Climático en la Fundación Global Nature, entidad involucrada en la coordinación de diferentes proyectos relacionados con la biodiversidad, la sostenibilidad agraria, y el cambio climático, disertó sobre los retos, barreras y oportunidades para la compensación de la huella de carbono a través de proyectos de gestión y restauración de humedales mediterráneos en el marco del proyecto LIFE Wetlands4Climate.
Se trata de un proyecto que ha contado con la participación de otras entidades, entre ellas, la Universidad de Valencia, y que está a punto de concluir. En unas semanas se conocerá su informe final. Un trabajo que contempla la revisión de los proyectos de gestión y restauración de humedales mediterráneos, donde se mide el balance de carbono en este ecosistema.
Un proceso que ha pasado por distintas fases: la selección de humedales, desarrollo de acciones a gran escala en campo y medición para evaluar los beneficios y el impacto sobre la biodiversidad y la situación socioeconómica, el protocolo para la verificación y certificación de créditos, la transparencia y formación y la sensibilización y comunicación.
El primer caso práctico se ha llevado a cabo en La Marjal deis Moros, en Sagunto, y se ha traducido en 460 euros/tonelada de CO2 absorbida.
La conclusión que extraen, afirmó Vanessa Sánchez, es que «un humedal en buen estado de conservación mitiga el cambio climático mientras que en mal estado puede llegar a ser emisor neto».
Representando a la Oficina Andaluza de Cambio Climático (OACC) participó en este foro Susana Alvarez, jefa del departamento de Cambio Climático. Lo hizo con la exposición del proyecto LIFE Blue Natura, sobre el estudio del papel de los sumideros de carbono azul y los datos sobre la capacidad de las praderas de posidonia y las marismas de marea para absorber carbono.
En su caso, lo que han implantado es un marco regulatorio para poder certificar las absorciones de las praderas de posidonia.
La ley 8/2018 de esta comunidad referida a las medidas para el cambio climático y la transición hacia el nuevo modelo energético en Andalucía en referencia a los proyectos de absorción de emisiones recoge que «se consideran proyectos de absorción aquellos que permitan la fijación de carbono, como los de forestación, reforestación, restauración y conservación de las masas forestales existentes, de ecosistemas litorales, de dehesas y de monte mediterráneo, los de conservación o restauración de humedales, praderas de fanerógamas marinas u otros espacios de naturaleza análoga y los de conservación o aumento del contenido de materia orgánica del suelo, en el ámbito de la silvicultura o de la agricultura».
Sus objetivos: cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro en hábitats de praderas marinas y marismas mareales en Andalucía, crear el marco necesario que permita la inclusión de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas costeros como sumideros de carbono azulo en los mercados voluntarios de compensación de carbono y ofrecer un catálogo de proyectos en el marco del SACE, y desarrollar acciones de divulgación y formación.
Por streaming presentó otro proyecto interesante Carlos Alberto Torres, investigador en sostenibilidad y ciencias del suelo del centro tecnológico BETA, de la Universidad de VIC, en Cataluña. En su caso, su presentación llevaba por título “Carbon Farming Med”. Con él se buscaba desarrollar un sistema agrícola resiliente en el Mediterráneo y ayudar a los agricultores a adoptar la agricultura del carbono como modelo de negocio ecológico rentable.
Francisco Purroy es director de Land Life en España y Portugal y embajador de la iniciativa trees.org. Se dedica a combatir la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. En su caso, se trata de un proyecto que tenía como misión la restauración de las tierras degradadas, recuperando el bosque mixto autóctono, atrayendo inversión hacia el monte y lo rural, frenando y revirtiendo la pérdida de biodiversidad y contribuyendo a mitigar los efectos de la crisis climática.
Se centró en los proyectos que está llevando a cabo Land Life en España. Según Purroy, en Land Life no juegan a maximizar la captura de CO2 pero sí buscan el objetivo de biodiversidad y de apoyo fuerte a las comunidades locales rurales y los cobeneficios que aporta un proyecto de restauración ambiental, con el fin de conseguir unas mejores condiciones ecosistémicas en las comunidades rurales. Sin embargo, reconoce que es una tarea no solo muy larga sino bastante compleja.
Álvaro García es ingeniero técnico forestal. En 2023 se embarcó en la increíble aventura de Carbon2Nature como Project Manager de proyectos en España, desarrollando en la actualidad el puesto de director para España y Portugal. Su presentación consistió en una iniciativa de reforestación llevada a cabo en el monte Mondigo, en Ribadeo (Lugo) con especies autóctonas, donde se tuvo en cuenta cuál es el futuro de la masa forestal, generando una fuerte vinculación con el terreno, que es propiedad de esta empresa.
Un evento que permitió también escuchar a Amelia Uría, coordinadora de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, cuya actividad primordial es la representación y defensa de los intereses de los propietarios forestales de aquella región. Es también propietaria forestal y en CONAMA tuvimos la ocasión de escucharla hablando de la iniciativa que están llevando a cabo para el fomento de un mercado voluntario, basado en la gestión forestal sostenible en Euskadi. Se trata de la implantación de un mercado para el carbono fijado con la gestión forestal sostenible. Para ello, se ha creado el registro de la huella de carbono.
Otro de los ponentes fue José Luis Tomé, gerente de la sociedad cooperativa Agresta, y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Tiene más de 40 artículos científicos presentados en congresos y revistas de impacto como autor principal o coautor y también coordina el Grupo de Cartografía y LiDAR de la Asociación Española de Teledetección.
Él fue el encargado de presentar el proyecto Carbon2Mine que se está llevando a cabo en Asturias y que consiste en lo que denominan “minería inversa”, es decir, capturar carbono en las cuencas mineras, restaurando bosques y mejorando pastizales.
«Queremos promocionar el sector forestal como una oportunidad en el territorio alternativo a un sector del carbón ya desaparecido y también contribuir a compensar la huella y a generar recurso forestal para que pueda entrar en la propia central de la planta de biomasa», explicó en su intervención.
En este caso, se trata de un proyecto cooperativo centrado en bosques y en el desarrollo rural, en el que ha participado un equipo de expertos y en el que se procede al secuestro de carbono a través de la gestión sostenible de los bosques y pastizales, para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en áreas mineras.
Un proyecto localizado en las cuencas del Nalón y del Caudal, que se inició en 2022 y que está previsto que concluya en 2028. El presupuesto en este caso asciende a 4,2 millones, de los que el 60% proviene de fondos de la Unión Europea.
La colaboración entre actores públicos y privados y el desarrollo de enfoques integrados es esencial a la hora de avanzar en la implementación de este tipo de soluciones, así como para involucrar a las comunidades locales y promover la sensibilización y capacitación de los actores clave en la implementación de prácticas sostenibles.
