El acuciante problema de la despoblación en el mundo rural se encuentra abocado a un progresivo agravamiento si no se plantean medidas que supongan una modificación del actual sistema socioeconómico del campo. Es evidente que se trata de un problema de una complejidad y gravedad colosales, cuya resolución solo puede venir de la suma de múltiples actuaciones y de la colaboración de las diferentes administraciones e instituciones vinculadas al sector agroforestal.

GARNICA cuenta con una experiencia de más de 45 años en la gestión y explotación de choperas, 23 de ellos con presencia en la provincia de León. Este amplio bagaje le permite disponer de una perspectiva temporal y de un grado de conocimiento de este cultivo forestal, suficiente para afirmar con rotundidad que «la explotación del chopo puede constituir el principal elemento dinamizador de la economía rural de gran parte de la provincia de León».

Ello es debido a que la obtención de los diversos productos finales provenientes del chopo (fundamentalmente tablero y madera para sierra), implica previamente una serie de labores y trabajos culturales, que en todas sus fases requieren abundante mano de obra especializada.

• Fase de implantación: Cultivo de los plantones y estaquillas de chopo en viveros locales, junto con las labores de destoconado y plantación.
• Fase de mantenimiento: Fase de los gradeos, podas y el control fitosanitario.
• Fase de explotación: Tala del arbolado, la saca de la madera y la eliminación de los restos (piezas de madera no aprovechables, ramaje fino y hojarasca)
• Fase final: Transporte de la madera y su tratamiento en las industrias de transformación.

En su conjunto, este proceso implica la indispensable participación de viveristas, maquinistas, operarios y técnicos forestales, transportistas y personal laboral y auxiliar de las industrias de transformación.

Para cuantificar esta generación de empleo puede acudirse a los datos aportados en el Segundo Simposio Nacional del Chopo, celebrado en octubre de 2018, a partir de los cuales se estima que 30 hectáreas de chopo gestionadas podrían sostener hasta 10 puestos de trabajo en el medio rural a través de la industria de contrachapado.

Sin embargo, la despoblación y el paulatino envejecimiento de los habitantes que perviven en el entorno rural, unido al carácter minifundista de la gran mayoría de los propietarios forestales, comprometen gravemente la pervivencia de las plantaciones de chopo en ciertas zonas de León, en las que hace escasos años este cultivo forestal se extendía ampliamente constituyendo una importante fuente de ingresos complementaria a los provenientes de la agricultura y ganadería.

Una de las medidas que sin duda contribuirían a revertir esta situación sería la promoción de los consorcios de las plantaciones de chopo. Básicamente, el consorcio forestal es una figura contractual en la que la parte propietaria (bien una o varias personas físicas o entidades públicas o privadas), aporta los terrenos en los que se plantarán las choperas, mientras que la parte gestora se encarga de efectuar las labores de plantación y de mantenimiento (fundamentalmente gradeos y podas), hasta el momento de la corta de la masa.

La distribución de los ingresos por el aprovechamiento de las choperas queda reflejada en el contrato firmado entre ambas partes. Por norma general este reparto de ingresos se corresponde con porcentajes situados en el entorno del 40-50 % para la parte propietaria y del 60-50 % para la gestora, si bien estos porcentajes pueden variar en función de criterios como la superficie y ubicación de la plantación, la aptitud y o calidad del terreno, etc.

Respecto a la duración del consorcio, esta suele ajustarse al turno de corta del chopo, el cual se establece alrededor de los 15 años. No obstante esta cifra puede oscilar en función de la aptitud del terreno, pudiéndose adelantar la corta a los 12 o 13 años en plantaciones ubicadas en terrenos de calidad óptima.

La figura del consorcio forestal aporta importantes beneficios a ambas partes. En el caso del propietario, este se asegura de que la plantación y los trabajos de manteamiento se realizarán correctamente y estarán supervisados y controlados por profesionales con amplia experiencia en el sector de la populicultura.

El consorcio supone una sólida garantía también para el propietario ante situaciones imprevisibles y catastróficas. El control fitosanitario al que ha sido sometida la masa arbolada, así como la asunción de los gastos por parte de la empresa contratante hace que un consorcio sea todavía más interesante para el propietario del terreno.

Por su parte, mediante el consorcio forestal el gestor se asegura de obtener una materia prima con las características técnicas adecuadas para la fabricación del tablero contrachapado. Y es que, a diferencia de los productos que se obtienen de otras masas forestales, como la madera de sierra de los pinares o la leña de los robledales y encinares (los cuales apenas presentan requerimientos técnicos más allá de unos determinados diámetros mínimos), la industria del contrachapado demanda madera con unos requisitos específicos (trozas de diámetros situados al menos entre los 35 y 40 cm, provenientes de fustes rectos y con una poda temprana y correctamente ejecutada). La ausencia de podas o la mala conformación del fuste, deprecian considerablemente el valor de los chopos, no resultando estos aprovechables para la industria del contrachapado si presentan diámetros inferiores a los 20 cm.

Respecto a las limitaciones a la hora de establecer un consorcio debe contemplarse que el terreno sea apto para la plantación de chopos, tanto en lo referente a aspectos ambientales como normativos; ya que la plantación de cultivos arbóreos no está autorizada en el cauce y zonas de servidumbre de los cursos fluviales, siendo necesaria una autorización del organismo de cuenca correspondiente si la plantación se realiza a menos de 100 metros del cauce fluvial.

Asimismo, ha de considerarse que para que el consorcio sea viable económicamente para la parte gestora, la superficie de las choperas debe situarse como mínimo en el entorno de las 3 hectáreas (bien de forma continua en una sola finca, o discontinua, pero en fincas próximas entre si).

Además de todos los beneficios desde el punto de vista laboral y económico que para el mundo rural implicaría la expansión de los cultivos de chopo mediante el establecimiento de consorcios forestales, deben contemplarse las externalidades ambientales que estas conllevarían. Entre ellas cabe señalar que se trata de un cultivo resistente a las inundaciones, que contribuye a la estabilización de las orillas y evita el arrastre del terreno por las crecidas fluviales. Las choperas también constituyen verdaderos sistemas de depuración riparios, siendo muy efectivos en la fitorremediación y eliminación de contaminantes persistentes provenientes de la agricultura y la ganadería. Asimismo, el chopo contribuye decisivamente a la fijación de CO2, estimándose que una chopera de calidad media fija en torno a 11 toneladas de CO2 al año.

Por todo ello, la expansión de los consorcios forestales puede constituir una herramienta de gran eficacia para dinamizar el mundo rural al aportar una carga de trabajo a lo largo de todo el año, la cual requiere abundante mano de obra ligada necesariamente a terrenos rurales próximos a las plantaciones, aportando de manera complementaria una serie de importantes beneficios ambientales.