Empresas y asociaciones ligadas al sector forestal y de la bioenergía, representantes de la administración nacional y organizaciones conservacionistas advierten que el aprovechamiento de la biomasa es vital para la adaptación de nuestros montes al cambio climático y así reducir la virulencia de los incendios forestales.
La UE prepara una nueva directiva sobre energías renovables (RED III) que podría llegar a incluir enmiendas que el sector forestal y de la bioenergía en España consideran que irían en contra de la mejora de la resiliencia de las masas arboladas ibéricas.
Los agentes del sector forestal y de la bioenergía coincidieron en el webinar organizado el pasado martes 12 de julio por el Foro de Bosques y Cambio Climático sobre el “Uso de la biomasa como política estratégica forestal ante el cambio climático”. Además de la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), que ha colaborado también en la organización del evento, han participado las empresas Ence y Sacyr, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la organización conservacionista Greenpeace.
APROVECHAR LA BIOMASA FORESTAL EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS
Durante el webinar todos los ponentes se mostraron unánimes sobre la necesidad de aprovechar la biomasa de los montes mediterráneos, en particular los españoles, para que puedan adaptarse de forma óptima al cambio climático y, muy importante, reducir la potencia y peligrosidad de los incendios forestales.
Según el último Inventario Forestal Nacional (IFN), España acumula madera en el monte desde los años 90 del siglo pasado. Cada año, los montes suman 46 millones de metros cúbicos más de los que solo se aprovecha alrededor de un 40% (mientras que en Europa la media se sitúa en un 65-70%) causando una acumulación tal de biomasa, y de energía, que complica, o incluso hace imposible, la extinción de un incendio en caso de iniciarse.
La RED III, inmersa en el largo proceso de aprobación, podría modificar de forma notable la actual RED II incluyendo criterios de sostenibilidad para la biomasa aún más restrictivos y desde todo punto inasumibles para España
El 13 de julio se votaron las enmiendas por la comisión de industria (ITRE), de manera que la comisión muestra un compromiso justo entre unas mayores ambiciones climáticas y energéticas y los operadores de la industria, permitiéndoles que puedan ser eficientes y competitivos en el mercado.
Entre las enmiendas a la RED III de los distintos comités que de momento se han hecho públicas, preocupan al sector la que propone incluir las instalaciones de 10 MW (o incluso 5 MW) entre las obligadas a demostrar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad o la de hacer retroactivos los ahorros de gases de efecto invernadero (GEI), que hasta ahora eran solo obligatorios para las plantas más modernas.
Pero la enmienda que más inquietud despierta es la propuesta por la comisión de medioambiente (ENVI) de eliminar las ayudas de a “biomasa primaria”, incluidos residuos de claras y clareos con diámetros no comerciales, dejando de considerarlos como energía renovable; una decisión que agravaría el problema de acumulación de biomasa en nuestros montes y el comentado aumento de la virulencia de los incendios debido al exceso de combustible existente.
Si bien no es probable que esta enmienda llegue al final del proceso de negociación, al menos en su forma actual, es crucial para los países mediterráneos transmitir a los parlamentarios las particularidades de nuestros montes y de su gestión. Algunos ponentes, incluido el representante de Greenpeace, plantearon proponer una “excepcionalidad ibérica” e incluso promover de manera activa el aprovechamiento de la biomasa de nuestros montes.
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?
Con bastante demora y mientras la aprobación de la RED III sigue su curso, Europa implementa en estos momentos la RED II. Esta directiva acumula retrasos desde sus inicios: desde la transposición a la legislación española a través del RD 376/22, que se publicó el pasado 27 de mayo de 2022 y debería haberse hecho en julio de 2021, hasta la documentación que la comisión europea debía generar (por ejemplo, los implementing acts, actos delegados sobre gestión forestal) para dar soporte tanto a los países miembros como los esquemas de sostenibilidad para implementar la directiva.
La RED II exige que toda la biomasa que entre en plantas con potencia superior a 20MW térmicos (para biomasa sólida) y 2 MW (biogás) debe cumplir diversos requisitos de sostenibilidad.
En España, el RD 376/22 contempla 3 hitos obligatorios para su implementación; el primero ya se ha cumplido y establecía que las plantas consumidoras de la biomasa adoptaran un compromiso de adhesión a un esquema reconocido por la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2022. A partir de ahora y hasta el 30 septiembre 2022, las plantas deberán certificarse de facto y, en tercer lugar, deberá certificarse la mayor parte de la biomasa que va a esas plantas (90%).
De esta manera, todas las empresas y productores de la cadena de suministro deberían estar certificados antes de 1 enero de 2023.
CUELLO DE BOTELLA EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE BIOMASA
La certificación de las pocas decenas de centrales eléctricas o de calor obligadas por la RED II es relativamente fácil: son pocas y se trata de empresas medianas y grandes. Pero certificar a los miles de productores y suministradores de biomasa forestal y agrícola va a crear un cuello de botella importante ya que el número de entidades habilitadas para ello (CGN, Control Unión,…) aún es limitado.
En su intervención, Pablo Rodero, representante de AVEBIOM, reclamaba a las distintas administraciones “flexibilidad con las empresas, pues el proceso de implementación arrastra un gran retraso por parte de las diversas administraciones y no se puede exigir ahora a las empresas que cumplan estrictamente los plazos con tan poco margen de tiempo”.
Rodero explicó también que la normativa europea permite eximir a los pequeños productores de biomasa de certificarse si se encuentran en una zona de “bajo riesgo”. Para que pueda darse tal exención, las CCAA deben encargarse de emitir las declaraciones de bajo riesgo para las zonas concretas. Esto ya se ha hecho en Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias, Extremadura y otras.
