En una decisión conocida el pasado 8 de marzo, Holanda ha impuesto por primera vez una sanción a una empresa por infringir el Reglamento Europeo de la Madera, conocido por las siglas EUTR (European Timber Regulation). Esta sanción a una empresa holandesa se produce tras la publicación en septiembre de 2015 de una investigación de Greenpeace, que exponía la presencia en el mercado europeo de madera exportada por la polémica maderera de Camerún CCT (Compagnie de Commerce et de Transport), empresa que se abastece de madereras implicadas en talas ilegales. CCT exporta posteriormente esa madera a varios países europeos, Holanda, Bélgica y España entre ellos.
Tras la publicación del informe, Greenpeace España denunció que empresas europeas de Holanda, Bélgica y España comercializaban madera de CCT. «Mientras en Holanda se sanciona a una empresa por comercializar madera de CCT, en España la inacción del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la tónica», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España.
La polémica empresa CCT es una empresa exportadora de madera que se abastece de numerosas concesiones y operaciones forestales donde la explotación forestal es destructiva. En algunas de estas operaciones, además, las operaciones forestales están envueltas en el incumplimiento reiterado de la legislación forestal, produciendo lo que se conoce como madera ilegal. Greenpeace también investigó el destino final de la madera de CCT, descubriendo su presencia en los almacenes de muchos importadores de Europa, incluyendo la empresa holandesa sancionada, Fibois BV (Purmerend).
Tras esta investigación, Greenpeace presentó reclamaciones formales a las Autoridades Competentes de los países implicados. Pero, en el caso de España, hasta el pasado 4 de diciembre de 2015 el gobierno no aprobó una resolución que permitiera a las autoridades empezar a controlar al sector importador de madera.
«Greenpeace recuerda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a las Autoridades Competentes en las diversas Comunidades Autónomas que es su obligación poner fin al comercio de madera ilegal en España», ha declarado Soto. «Es una verguenza que el pasado 3 marzo se cumplieran 3 años desde que el Reglamento Europeo entrara en vigor en la UE, sin que se tenga constancia de la actividad de los responsables de controlar a las empresas importadoras de madera procedentes de países de riesgo».