José María Solano, en representación de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, junto a Mª Pilar Avizanda, Decana-Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
En una jornada de debate organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, representantes del sector forestal han coincidido en que esta reforma es una oportunidad perdida para impulsar la gestión sostenible de los montes, al no recoger ninguna de las demandas principales que el propio sector ha hecho al Ministerio: una fiscalidad propia y el reconocimiento de las competencias profesionales.
En dos cuestiones fundamentales para los profesionales y propietarios forestales, nueva fiscalidad y competencias profesionales, se han impuesto los criterios técnicos de dos ministerios ajenos al medio natural: Hacienda e Interior y la Oficina Económica del Presidente en Moncloa.
Los intereses de ministerios y de técnicos que no conocen las circunstancias, necesidades y características del monte y del sector forestal han decidido en cuestiones básicas que deberían ser las razones que justifiquen la necesidad de una nueva ley.
La conclusión es que no ha habido la voluntad política necesaria para hacer una ley que impulse el sector forestal, favorezca la gestión sostenible de los montes mediante la elaboración de planes de ordenación y demás instrumentos técnicos de gestión, sea el motor del desarrollo rural (como puede ser la existencia de rebajas e incentivos fiscales) y la garantía legal de cualquier plan de activación del sector (como es el beneficio ambiental y el beneficio social en forma de empleo).
Diálogo y debate entre los ponentes y asistentes a la jornada.
Por otro lado, si admitimos que sí ha habido voluntad política por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la conclusión es que esa voluntad tiene muy poco peso dentro del Gobierno de España. Otros ministerios han impuesto sus voluntades e intereses.
Representantes de la investigación científica forestal y la universidad, de las empresas, de los colegios profesionales, los agentes ambientales y los propietarios forestales coinciden en cuestionar la necesidad de hacer esta ley para retocar solo algunos aspectos “menores” o incluso colaterales y no ser el trampolín que dé el impulso que el sector forestal y la gestión de los montes necesitan.
La pregunta que se quedó sin respuesta fue, viendo los pobres resultados de esta reforma, ¿habrá que hacer otra ley dentro de cuatro o cinco años? A nadie del sector forestal le parece sensato modificar una Ley Básica del Estado constantemente para no hacer nunca la reforma que los montes necesitan.