Tras la aparición de informaciones sobre una supuesta red de mordidas en contratos relacionados con la extinción de incendios forestales en España y Portugal, Greenpeace denuncia el riesgo añadido para la lucha contra los incendios forestales. Según este medio, la información procede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, tras la investigación y detención de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en Valencia. En dicha información se señala que los miembros de esta red se habrían repartido los concursos públicos de España y Portugal pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.

«Las políticas del Partido Popular no solo han provocado recortes en el operativo, reducción de medios, precarización laboral y falta de mantenimiento de los equipos. Ahora sabemos que también ha servido para generar un Negocio del Fuego y para enriquecer a algunos miembros de este partido político», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace. «Al cóctel explosivo formado por la falta de gestión y el abandono de nuestros montes, la pervivencia de la cultura del fuego y el cambio climático, ahora hay que sumar la corrupción en el sector de extinción».

En los dos últimos años, sindicatos, asociaciones de bomberos forestales, colegios profesionales y organizaciones ecologistas han mostrado públicamente su gran preocupación por estas políticas de recortes y privatización, negadas muchas veces desde los Gobiernos autonómicos., pero que se ha traducido en una reducción de la capacidad del operativo, precarización laboral o falta de renovación del material. El pasado Día Forestal Mundial, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural denunció que la inversión pública en gestión forestal ha caído un 50 % en los últimos años.

En los dos últimos años, sindicatos, asociaciones de bomberos forestales, colegios profesionales y organizaciones ecologistas han mostrado públicamente su gran preocupación por las políticas de recortes y privatización

No es fácil conocer las cifras exactas ni el alcance de los recortes y la privatización del sector de prevención y extinción de incendios forestales en España. En julio de 2014 la Fundación Civio publicó los resultados de la primera investigación realizada sobre la evolución del gasto público en incendios forestales en España. Dicho estudio recogía que en el capítulo de prevención se habían producido recortes presupuestarios próximos al 50 % en Aragón (de 19,1 millones de euros a 9,4), Asturias (de 16,1 millones a 8,5) o en Castilla y León (de 59,1 millones a 28,6). En términos absolutos, los casos más llamativos eran los de Andalucía, que de 131,6 millones de euros en 2006 han pasado a los 100,8 presupuestados en 2014, y el de Castilla y León, que redujo su inversión en prevención en 30 millones entre lo invertido en 2008 y la partida de 2013. En cuanto a los presupuestos en extinción de incendios, ha habido recortes en la mayoría de las administraciones que habían aportado datos: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia o el cabildo de Gran Canaria.

Una laboratorio de las políticas privatizadoras del Partido Popular en materia de extinción de incendios ha sido Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Popular, donde la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) presentó el pasado mes de abril un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que suponía la extinción de 680 puestos de trabajo, 660 de ellos dentro de la plantilla de extinción de incendios. Tras los resultados electorales, el director General de Montes de Castilla-La Mancha se vio obligado la semana pasada a detener el plan en ejecución para reducir y reubicar los retenes de extinción de incendios.

«Los primeros impactados por estas políticas, los bomberos forestales, llevan varios años denunciado que tras los recortes y la privatización del sector promovidas por el Partido Popular se escondía el Negocio del Fuego y la corrupción política“ ha recordado Soto. ”Ahora sabemos que tenían razón».

Fotografía: www.cronicanorte.es