Greenpeace denuncia que transcurrido un año de la entrada en vigor de la legislación de madera, conocida por las siglas EUTR (European Union Timber Regulation), España está, junto con Hungría y Lituania, en el grupo de países de la Unión Europea en los que no se ha implantado una legislación que impida la entrada y comercialización de productos forestales procedentes de talas ilegales.
«Hace un año Greenpeace dió la bienvenida a esta nueva legislación, pero pasado un año hay que admitir que el gobierno español no está interesado en abordar este problema», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.
Tras la entrada en vigor del Reglamento EUTR, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) debería haber elaborado y aprobado un Real Decreto para transponerlo a nuestra marco legislativo, nombrando una Autoridad Competente y estableciendo una metodología de controles periódicos y metódicos a las empresas importadoras de productos forestales y a las Entidades de Supervisión, entidades encargadas de implantar y asegurar que las empresas dispongan de un sistema de evaluación de riesgos que evite la compra de productos forestales procedentes de talas ilegales. Según este sistema, los operadores deberían desechar madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal debido al incumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, etc. En caso de que se produjeran infracciones por este motivo, las empresas deberían ser sancionadas por la administración.
«Dado el absoluto desinterés de la administración española, el MAGRAMA en este caso, y en ausencia de controles a los importadores de productos forestales, es probable que madera, muebles o papel procedentes de Brasil, Indonesia, China o la República Democrática del Congo pueden estar entrando por nuestras fronteras con absoluta impunidad» ha declarado Soto.
Se da la paradoja de que el Grupo Popular en el Congreso presentó en febrero de 2013 una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados donde instaba al Gobierno a «Dictar las normas legislativas necesarias para incorporar la normativa europea a la legislación nacional«. La PNL fue discutida y aprobada en septiembre de 2013, pero el MAGRAMA no ha dado pasos para cumplir este mandato.
Durante los últimos 12 meses, Greenpeace ha expuesto diversos casos de importaciones europeas de madera procedente de la República Democrática del Congo, donde el sector maderero está vinculado a la destrucción forestal y a las violaciones de derechos humanos. La madera procedente de este país ejemplifica los problemas a los que se enfrenta la EUTR y demuestra que los países europeos tienen todavía una larga tarea por delante para poner en práctica esta ley.
«La industria forestal en países como la República Democrática del Congo, China o Brasil vive en un estado de caos organizado. Sólo la restricción de las importaciones europeas puede ayudar al sector a caminar hacia la sostenibilidad y a proteger los bosques y a las comunidades indígenas que viven en ellas», ha señalado Soto.
La falta de acción del Gobierno Español en la lucha contra las talas ilegales supone un freno a la lucha global contra la degradación forestal y la deforestación forestal, responsable de casi una quinta parte de la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.