lunes , 21 de octubre de 2019

Nuestro país lleva dos años de retraso en la aplicación del Reglamento de “Diligencia Debida”.


La Comisión Europea ha iniciado un proceso de infracción a España por no hacer efectivo el reglamento que prohíbe la entrada de madera ilegal en el país. La Comisión ha remitido una carta de emplazamiento por el incumplimiento de la Ley de Madera, o Reglamento de “Diligencia Debida”. Esta legislación, que tiene como objetivo combatir la tala ilegal y el comercio derivado de madera y productos de madera, está en vigor y es de obligado cumplimiento desde el 3 de marzo de 2013.

«No podemos más que felicitar a la Comisión Europea. Los responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevan toda la legislatura dando largas y mirando para otro lado mientras la madera ilegal llega al mercado español con total impunidad», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Según el reglamento de Diligencia Debida, las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea están obligados a establecer sistemas de evaluación de riesgo que descarten madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal debido al incumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, etc.

Alecrim Sawmill in Para StateEn los dos últimos años, Greenpeace ha expuesto varios casos de entrada de madera ilegal en España, como varios casos de la Amazonía y la RD del Congo sin que ninguna administración pública haya puesto en marcha mecanismos para evitarlo o perseguir a los infracciones.

La decisión de la Comisión Europea, que hasta la fecha de hoy no había trascendido, fue tomada a mediados del junio pasado, con la publicación de avisos formales a Grecia, Hungría y España, en la que se urge a adoptar un marco legislativo y un régimen sancionador para la aplicación de este Reglamento. Este aviso es el primer paso de un proceso que en última instancia podría llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia y a enfrentarse a multas si no cumplen con la sentencia judicial posterior.

“No sólo llevamos un retraso de más de dos años en el combate contra la entrada de madera ilegal. En las sucesivas reuniones con el MAGRAMA hemos constatado el profundo desconocimiento por parte de los responsables de esta administración pública de la dimensión del problema de la tala ilegal”, ha declarado Soto. “Algunas intervenciones de los responsables de este Ministerio dejan claro su permisividad con el sector de la madera en España, así como su poco interés en poner coto a la responsabilidad que tiene el mercado español con la destrucción de los bosques del planeta”.

El Grupo Popular en el Congreso presentó en febrero de 2013 una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados donde instaba al Gobierno a “Dictar las normas legislativas necesarias para incorporar esta normativa europea (EUTR) a la legislación nacional”. La proposición fue discutida y aprobada en septiembre de 2013, pese a lo cual la proposición no fue acatada por el Gobierno.

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