El Gobierno de España aprobó el pasado viernes 9 de enero, en la reunión del primer Consejo de Ministros de 2015, el proyecto de reforma de la ley de Montes con la que pretende asegurar una adecuada conservación de estos espacios y armonizar el desarrollo económico, social y ambiental de las zonas rurales donde se ubican.
Tal y como manifestó el Director Ejecutivo de FSC España el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la Asamblea Mundial de Socios de la organización, se esperaba que esta reforma de la Ley de Montes fuera aprovechada para afrontar el abandono que padece el sector forestal en España (si bien con diferencias entre regiones, en la actualidad se estima que sólo un 13 % de los bosques se gestionan de forma ordenada en España, por lo que la mayoría de las masas forestales españolas o están abandonadas o se aprovechan sin ningún plan de gestión que lo regule) y para que, al tiempo que se garantice la conservación y los valores ambientales, los recursos forestales tengan un valor económico y social que incentiven el empleo y el desarrollo rural. Por otro lado, se hacía hincapié en que la recuperación de las masas forestales españolas resulta ahora más crucial que nunca porque suponen una valiosa alternativa contra el cambio climático, ya que fijan grandes cantidades de carbono y son generadoras de oxígeno.
Aunque la nueva reforma de la Ley ha sido presentada con tres objetivos (garantizar la biodiversidad en los montes, prevenir los incendios forestales y de paso frenar el cambio climático, y promover el desarrollo rura), es un texto que no ha gozado de consenso general en el sector forestal y, como pudo constatarse en su presentación en la pasada edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, no ha gustado ni a las ONG, ni a las redes de desarrollo rural, ni a la propiedad forestal.
FSC pudo consultar el texto en su fase de revisión, hacer aportaciones y públicamente expresar sus dudas durante su presentación en CONAMA (Congreso Nacional del Medio Ambiente). Entre otras pudo expresar las dudas de que las modificaciones introducidas supongan una mejora para la gestión de las masas forestales. Respecto a la gestión de los montes privados, que supone en España un promedio del 70% de las superficies forestales, se deja la gestión forestal a criterio del propietario, sin ser obligatorio el disponer de un instrumento de gestión. Según declaraciones de la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, este cambio se produce para simplificar la gestión, explicando que la adhesión de los propietarios a los modelos tipo de gestión que implementen las CCAA se considerará válida. Por otro lado, FSC ha preguntado en qué se basarán las directrices de gestión forestal sostenible que aprobará el Gobierno como base de la gestión forestal de los montes y si éstas van a suponer una mejora en la planificación forestal en nuestro país. Por el momento todo queda en manos de las CCAA y del desarrollo normativo que se establezca al respecto.
Otros cambios introducidos son la introducción de la figura de Montes de Socios y las Sociedades Forestales. Si bien dichas figuras tratan de resolver barreras actuales para gestionar los montes como son las garantías de derechos de propiedad y la dimensión de las unidades de gestión forestal, de nuevo queda en manos de las CCAA y habrá que determinar si resultan útiles para los fines propuestos.
Aunque se introduce un régimen sancionador, para tipificar aquellas infracciones que no den cumplimiento al Reglamento CE 995/2010 sobre aseguramiento de la legalidad de los productos de madera que se introducen en el mercado, se ha podido constatar que España es de los pocos países de la UE que desde su entrada en vigor en 2013 no ha dado cumplimiento en el desarrollo del reglamento a sus disposiciones, y dado que en la actualidad no se han ordenado las competencias ni se han aplicado un sistema de control para llevar a cumplimiento dicha normativa, pensamos que no tendrá en este momento ningún efecto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, y a la pregunta de un periodista respecto al crecimiento económico esperado en el sector forestal argumentado por estas modificaciones, la Ministra no ha ofrecido respuesta, dado que no ha existido un estudio económico del impacto que las mismas pueden tener en el sector forestal. Considerando el potencial y la importancia que tienen en nuestro país los recursos forestales, FSC estima que siguen sin considerarse de forma importante los mercados forestales, y que la inversión pública que le dedica tanto el Gobierno Central como las CCAA, está a niveles muy por debajo de lo que necesitaría este sector para crecer y generar empleo.